Nuevos retos de gestión y de información para la ciudadanía

UrbanTrans2

(Galde 11, verano 2015). José Manuel Naredo. Las últimas elecciones municipales y autonómicas se han saldado con triunfos significativos de plataformas y partidos que prometían guiar su gestión por las prioridades de la ciudadanía y no por los intereses empresariales hasta ahora condicionantes, generalmente asociados al negocio inmobiliario. Hacer realidad esa promesa exige que los nuevos gobiernos pongan todo su empeño en romper la inercia de pasividad y desinformación de la ciudadanía hacia la toma de decisiones que se ha venido cultivando hasta ahora. Para ello, invertir en participación y en información resulta hoy mucho más prioritario que en esas infraestructuras y megaproyectos que han  venido devorando la parte del león de los presupuestos. Así, además de generar campañas e instituciones que promuevan y alberguen los nuevos procesos de implicación ciudadana, habría que establecer sistemas de información que rompan con el actual oscurantismo y aseguren que la participación social esté bien informada. En lo que sigue reflexionaremos sobre la necesidad de pasar de una desinformación al servicio de la especulación y el manejo caciquil de los recursos, a una información útil para orientar la gestión local o regional. Ante la imposibilidad de abordar a fondo el tema,  destacaremos que las carencias de información a subsanar vienen determinadas, por una parte, por la función encubridora de ciertos enfoques dominantes entre los que destaca el reduccionismo monetario, y por otra, por la desidia informativa más o menos voluntaria orientada a encubrir el saqueo de lo público o la entrega discrecional de negocios y prebendas consustancial al caciquismo democrático que venido padeciendo nuestro país.

Por ejemplo la prioridad que otorga el enfoque económico ordinario a los flujos monetarios, unida a su desatención hacia los aspectos sociales, patrimoniales, físicos y territoriales, ha sido fatal para la gestión urbana. Esta imposición se refleja en el propio lenguaje del planeamiento que habla de “producción” de suelo, como si de tomates o de cualquier otro bien de consumo se tratara, soslayando que se trata de un stock con dimensiones patrimoniales que cuando se destina a un uso se invalidan por fuerza otros, además de deteriorarse fácilmente los recursos y ecosistemas que alberga. Se soslaya también que no se trata de un flujo de bienes que se producen para ser consumidos, sino de un bien patrimonial que se valora y atesora por si mismo como objeto de inversión o depósito de valor. De ahí que, como ocurre con otros bienes patrimoniales, su mercado se desestabilice con facilidad cuando el marco institucional y las políticas lo propician: al igual que las acciones o los inmuebles,  el suelo se compra y atesora cuando se prevé que va a subir de precio y su precio sube porque se compra, cada vez más a crédito, desatando las consabidas burbujas especulativas que acaban muriendo por estrangulamiento financiero, al toparse con la escasez de medios de financiación que aflora a medida que aumenta el riesgo de que el proceso especulativo se desinfle.

La última burbuja inmobiliaria que ha vivido el país pasará a la historia como un episodio tan desmedido como irrepetible en intensidad y duración. Es seguro que a los nuevos gobiernos no les tocará gestionar durante la presente legislatura una recuperación de la actividad inmobiliario-especulativa a niveles comparables a los de la pasada burbuja, sino purgar los excesos del endeudamiento y la sobredosis de edificaciones e infraestructuras y de suelo periurbano degradado con falsas expectativas. En esta situación caben dos opciones de gobierno. Una, seguir con la inercia actual esperando ingenuamente que, en cuanto pase el chaparrón de la crisis, se podrá volver a las andadas. Esta opción haría más penosa y duradera la crisis, prologando la inactividad e intensificando los desahucios y la ruina y el deterioro del patrimonio urbano infrautilizado. Otra, diagnosticar con claridad el panorama actual y gestionar la reconversión inmobiliaria y el saneamiento financiero que la crítica actual situación pide a gritos para paliar sus daños sociales, económicos, territoriales y urbanos. A la primera opción le basta con seguir aportando seguridad jurídica y financiación en las operaciones, contando con un registro de la propiedad que funcione y una normativa que facilite la financiación hipotecaria y regule los usos del suelo con claridad, pero también con flexibilidad para atender discrecionalmente las demandas de reclasificación y recalificación de suelos de los promotores más poderosos, manteniendo sobre todo ello un halo de opacidad. Mientras que la segunda opción reclama información más fina sobre el estado del patrimonio inmobiliario, la población y su intendencia.

En efecto, para gestionar bien el patrimonio inmobiliario es elemental disponer de información solvente y actualizada sobre el estado de los dos principales stocks patrimoniales que lo integran: los stocks de suelo y edificaciones. Para ello hace falta, en primer lugar, aclarar, en vez de ocultar, el estado del stock inmobiliario (atendiendo al régimen de tenencia y de (des)ocupación, a la naturaleza de los propietarios, etc.), así como las necesidades insatisfechas. Y, en segundo lugar reconocer las minusvalías ocasionadas por la crisis, en vez de ocultarlas con unos índices oficiales de precios que muestran aversión a la baja. Recordemos que el índice de precios de la vivienda que elabora trimestralmente el Mº de Fomento, empezó a caer un año más tarde que los precios de los anuncios y a repuntar cuando éstos seguían cayendo, ilustrando sospechosamente al principio de la crisis el pronóstico oficial del “aterrizaje suave” y más recientemente  el del inmediato “repunte”, como anticipó todavía más el índice elaborado por el INE a partir de los datos de los notarios. Soslayar la infrautilización del patrimonio inmobiliario y minimizar las caídas de precios, ha venido siendo un empeño del poder que ha retrasado el ajuste y prolongado la depresión. Sobre todo cuando en períodos de crisis los precios efectivos de compra-venta caen por debajo de los de tasación y de los de los anuncios, sin que aparezcan recogidos en ninguna estadística. Se produce así la paradoja de que, tras tantas loas al mercado autorregulado por las señales de los precios, nos encontramos sin información de los verdaderos precios a los que se producen los intercambios en un mercado tan voluminoso como el inmobiliario y de poderes supuestamente (neo)liberales que en vez de velar por la transparencia mercantil, tratan de maquillar los excesos de cantidades y las caídas de precios para que luzcan mejor los activos en los balances de inmobiliarias y bancos.

De forma más general cabe advertir que el deterioro físico asociado al crecimiento de los agregados monetarios de producto o renta nacional responde, no solo al reduccionismo monetario unido a la extensión del intercambio mercantil, sino también y sobre todo a las reglas de valoración imperantes, que permanecen generalmente indiscutidas, y al marco institucional que las propicia, al avalar y proteger la desigualdad, el afán de poder y de lucro, las relaciones de subordinación y las organizaciones jerárquicas estatales y empresariales que las aplican. En efecto, el reduccionismo monetario además de valorar solo el coste de extracción, no el de reposición, de los recursos naturales (favoreciendo, así, el esquilmo de los recursos y penalizando la conservación y el reciclaje), impone una creciente asimetría entre el valor monetario y el coste físico y humano de los procesos: es decir, que a mayor coste físico y trabajo penoso, menor valoración monetaria. Se sobrevaloran así las fases de comercialización, gestión y dirección trasladando sordamente al proceso económico de nuestras sociedades mercantiles y democráticas los valores propios de sociedades jerárquicas anteriores. Al predominio de estos criterios de valoración se añade un marco institucional que respalda derechos de propiedad desiguales, organizaciones jerárquicas (como son las empresas capitalistas y los partidos políticos), relaciones laborales dependientes,…y un sistema financiero que amplifica las posibilidades de financiación de los más ricos, acentuando la desigualdad hasta extremos insospechados. Con estos mimbres salen estos cestos: los agregados monetarios, al ser tributarios de esas reglas de valoración y ese marco institucional, tienen como consecuencia el deterioro ecológico y la polarización social y territorial. Este deterioro y esta polarización se producen, incluso, en situaciones de estancamiento o de decrecimiento de los agregados monetarios. Lo importante no es tanto cuestionar las tasas formales de crecimiento de esos agregados, como las reglas de valoración subyacentes que habría que corregir para reorientar los procesos hacia horizontes ecológica y socialmente más saludables que los actuales.

Para conseguirlo, los nuevos enfoques e instrumentos tienen que abrir ese cajón de sastre de valor monetario que ofrecen los agregados para enjuiciar su reflejo físico y social y separar el grano de la paja, promoviendo los frutos y los procesos ecológica y socialmente más recomendables y recortando aquellos indeseables. La economía ecológica, con sus derivaciones de agroecología, ecología industrial,… y ecología urbana, trabaja en aportar el instrumental necesario para ello, analizando la anatomía y la fisiología de los sistemas económicos. Dentro de este símil biológico, la anatomía comprendería el estudio y seguimiento del patrimonio natural y construido, asociados ambos al territorio. La fisiología hace referencia al estudio y seguimiento del metabolismo de los sistemas (agrarios, industriales, urbanos, etc.) con todos sus flujos, físicos y monetarios, con las “mochilas” y “huellas” de deterioro ecológico que arrastran los productos y los procesos y con los análisis del “ciclo de vida” asociado a ellos no sólo “desde la cuna hasta la tumba, sino también desde la cuna hasta la cuna, considerando el coste de reconvertir los residuos en recursos. No hacerlo conduce a dar por buenas unas reglas de valoración sesgadas, que consideran solo el coste de extracción, pero no el de reposición de los recursos naturales y que empujan, así, hacia la continua degradación de la base de recursos y/o del medio ambiente planetario. Estas reglas del juego son fuente de polarización social y territorial y ordenan, sin decirlo, el territorio en núcleos atractores de capitales, recursos y población y áreas de abastecimiento y vertido.

Más que detallar ahora los flujos de materiales, energía, dinero e información que acostumbra a movilizar el metabolismo urbano, cabe subrayar que el seguimiento de ese metabolismo debe de ser un instrumento a tener en cuenta en cada caso, si de verdad se desea orientar dicha gestión considerando la sostenibilidad ecológica (y la habitabilidad) de los sistemas urbanos y sus huellas de deterioro ecológico sobre el conjunto del territorio.  Por ejemplo, todo el mundo admitirá que no cabe gestionar razonablemente una empresa industrial sin conocer, ni seguir, los materiales que utiliza en el proceso de fabricación. Sin embargo, esto es lo que ha venido ocurriendo en el caso de la gestión urbana y territorial, lo que denota la falta de interés en hacer una gestión integrada que atienda a las preocupaciones económicas y ecológicas.

Junto a los flujos de energía y materiales movilizados, hay que considerar también el transporte de personas, como ingrediente básico del metabolismo urbano a gestionar en conexión con los aspectos socio-económicos. En relación con estos últimos creo que, además de los datos usuales sobre la renta, la actividad económica… o el nivel de educación, la información sobre la dedicación del tiempo de la gente puede constituir un lugar de síntesis importante que trasciende el reduccionismo monetario habitual que  marca la dicotomía entre actividades retribuidas (trabajo) y no retribuidas (ocio). Al enjuiciar las actividades de la gente bajo otros criterios aflora, por ejemplo, el tiempo dedicado a actividades no retribuidas, y por lo tanto ajenas al trabajo, muy a tener en cuenta por ser de gran interés social, muy gratificantes y creativas… o simplemente necesarias (como es, por ejemplo, el tiempo que las personas destinan al transporte u otras tareas poco gratificantes relacionadas con la intendencia y mantenimiento de la sociedad). A la vez que afloran trabajos bien retribuidos asociados a tareas especulativas u otras claramente nocivas para la sociedad a penalizar y erradicar

Por último, pero no en último lugar, hay que subrayar que, paradójicamente, el reduccionismo monetario habitual no acostumbra a informar bien sobre el manejo del dinero, encubriendo el saqueo de lo público y los pelotazos urbanísticos u otros asociados a dar negocio a amigos o comisionistas por los políticos gobernantes, que han venido siendo moneda común en nuestro país. Una auditoría sobre el gasto público y las privatizaciones debería de ser una tarea prioritaria de los nuevos gobiernos para poner orden en casa, desenmascarando y corrigiendo los trapicheos del caciquismo imperante. Además ello permitiría, con el apoyo de la información de otras áreas, diseñar instrumentos monetarios útiles para reconducir la gestión hacia horizontes más gratificantes para la mayoría. Por ejemplo, la información sobre las viviendas no habituales permitiría ponerles un recargo en el IBI que, además de paliar con nuevos ingresos la común insuficiencia presupuestaria, contribuiría a lograr un uso más eficiente del patrimonio inmobiliario. Al igual que la buena información sobre el patrimonio inmobiliario infrautilizado es imprescindible para facilitar la entrada de entidades mayoristas de alquiler, libre y social, que se hagan cargo del mismo, agilizando la desinversión inmobiliaria y el saneamiento financiero en curso de hogares, empresas y banca, diversificando saludablemente el panorama inmobiliario y el financiero y ayudando a cubrir necesidades insatisfechas.

Bibliografía de apoyo

(Accesible en: http://www.elrincondenaredo.org/bibliografia.html)

-NAREDO, J.M. y RUEDA, S. (2012) “El libro verde sobre la sostenibilidad urbana y local en el área de economía”, en El libro verde sobre la sostenibilidad urbana y local en la era de la información (2012), MAGRAMA y Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

-NAREDO, J.M. y GARCÍA ZALDÍVAR, R. (coords.) (2008) Estudio sobre la ocupación del suelo por usos urbano-industriales aplicado a la Comunidad de Madrid (1957-1980-2005), Secretaría de Estado para el Territorio y la Biodiversidad y Universidad Politécnica de Madrid.

-NAREDO, J. M y FRÍAS, J. (2015) “El metabolismo socioeconómico de la Comunidad de Madrid, 1996-2010”. En: CARPINTERO, Ó. (dir.), El metabolismo económico regional español, Madrid: FUHEM Ecosocial, 2015, p. 691-729 (https://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=9753&n=0).

-NAREDO, J.M. (coord.) (2009) El agua virtual y la huella hidrológica de la Comunidad de Madrid, CYII, Cuadernos de I+D+I, nº 5.

Categorized | Dossier, Economía, Política

Txema García
Txema García
Txema García
Txema García
Txema García
Sebastião Salgado
Sebastião Salgado
Sebastião Salgado
Sebastião Salgado
"El instante decisivo" Iñaki Andrés
"El instante decisivo" Iñaki Andrés
"Homenage a Marcel Proust" Marisa Gutierrez Cabriada
"Homenaje a Federico García Lorca" Marisa Gutierrez Cabriada
"Mujeres del Karakorum", Mikel Alonso
"Mujeres del Karakorum", Mikel Alonso
“JAZZ for TWO”, José Horna
“JAZZ for TWO”, José Horna
"El origen del mundo" José Blanco
"El mal del país" José Blanco
Fotografía de José Horna
Fotografía de José Horna
"Lemoniz", Mikel Alonso

Autores