Las políticas públicas de igualdad en el Estado español frente a los retos actuales

IgualdadDerechos

(Galde 10, Udaberria 2015 Primavera). Raquel (Lucas) Platero. Las políticas públicas sobre la igualdad de género en el Estado español comenzaron en los años 80, con la creación del Instituto de la Mujer, como una respuesta a la situación de desventaja y discriminación de las mujeres. Fue una forma de institucionalizar una demanda que previamente estaba liderada exclusivamente por los movimientos feministas, en un tiempo en el que había otras demandas sociales importantes. En un tiempo record, se consiguieron realizar reformas legales ligadas a las libertadas básicas democráticas, así como también se promulgó una descentralización con el Estado de las autonomías. Estos cambios vinieron acompañados de un desarrollo de políticas de igualdad, que fue alcanzando todos los niveles de gobierno y que muestra una maraña de relaciones multinivel propias de un Estado que crece para descentralizar sus acciones. Desde las influencias internacionales provenientes de la Unión Europea por ejemplo, a políticas que se localizan nivel del Estado y en el marco de las políticas autonómicas, y por último en las políticas locales (donde las propuestas municipales son probablemente las más interesantes y menos estudiadas).
Si tuviera que definir las políticas de igualdad, me uniría a la propuesta de María Bustelo (2004) que afirma que son un conjunto de intenciones y decisiones, de objetivos y medidas adoptadas por los poderes públicos en torno a la promoción de la situación de las mujeres y de la igualdad de género entre mujeres y hombres. Son acciones públicas que manejan un concepto polisémico de la igualdad, que se va concretando en cada acción y en cada propuesta, lo cual revela la necesidad de discutir que se entiende por igualdad, al existir un falso consenso. ¿Se refieren a la igualdad de oportunidades, de resultados, a una igualdad efectiva? Estas políticas sitúan su objetivo en alcanzar una igualdad que necesita de un sujeto político, la mujer, que progresivamente se entiende como algo plural, las mujeres, y que empieza a ampliar cómo se concreta este ser mujeres. Es decir, son políticas identitarias (basadas en el hecho diferencial de ser mujer frente a ser hombre) que empiezan a nombrar que las mujeres están situadas con respecto a la edad, la discapacidad, la etnicidad, la privación de la libertad y otras situaciones que se entienden como ligadas a la vulnerabilidad a la exclusión social, generando si se quiere, una idea normativa de las unas y las otras, que constituyen la alteridad. En este sentido, es importante destacar que las políticas de igualdad han tenido dificultades para concebir a las mujeres como sujetos sexuados más allá de su relación binaria con los hombres, el embarazo y la menopausia. Son políticas que visibilizan una resistencia a incluir en sus acciones concretas a las mujeres lesbianas, transexuales, bisexuales o que están en situaciones donde sus vivencias no normativas generan una exclusión directa o indirecta de las posibles acciones de compensación de la desigualdad que proponen estas instituciones.
En la medida que las políticas de igualdad se han ido institucionalizando progresivamente desde los mismos años 80, con organismos propios, se ha pasado de utilizar casi exclusivamente la capacidad de persuasión y los planes de igualdad, para pasar a articularse alrededor de leyes. Esta transformación de políticas blandas a políticas duras ha sido propiciadas por una mayor visibilidad y relevancia de las cuestiones de igualdad en la política en general, fruto de una conciencia política determinada, a menudo ligada a partidos de centro izquierda que han tenido una relación importante con los movimientos sociales y que además reciben influencias europeizadoras en este sentido. Este lugar más central de la igualdad en las políticas en general también ha supuesto el uso nuevas estrategias conceptuales, que van del empoderamiento, la transversalización y el mainstreaming, a otras más propias de un feminismo de la tercera ola como es la interseccionalidad y la discriminación múltiple, que han permitido visibilizar y afirmar que las mujeres son sujetos plurales atravesados por diferentes organizadores sociales, que estructuran las oportunidades vitales de las mujeres.
Al mismo tiempo y en la década de los años 2000 se han producido una serie de políticas a nivel estatal que se dirigen a la compensación de la discriminación y que se han entendido como políticas sobre la sexualidad no normativa, como son la regulación y expansión de las parejas de hecho a casi todo el territorio del Estado español, el matrimonio entre personas del mismo sexo (2005), el cambio registral de nombre y sexo para las personas transexuales (2007). Esta profusión de legislación a nivel estatal contrasta con un cambio de década bajo un gobierno conservador, que ha frenado este crecimiento, al tiempo que ha implantado medidas que socaban las libertades básicas de la ciudadanía. Curiosamente, en la década de los años 2010 encontramos que mientras se van desmantelando las políticas de igualdad de género, emergen algunas políticas autonómicas sobre la no discriminación de las personas transexuales (Navarra, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Canarias) y políticas pioneras sobre la no discriminación LGTB (Cataluña).
Toda esta recolección histórica abreviada de las políticas de igualdad muestra la respuesta estatal en diferentes niveles de política, desde la concepción de que hay una responsabilidad gubernamental frente a las desigualdades de género y sobre la sexualidad, si bien no aclara qué relación de gobernanza establecen estas instituciones o propuestas sobre de igualdad con la ciudadanía. Es decir, nos lleva a preguntarnos si las transformaciones más profundas en la conciencia social sobre el papel de mujeres y hombres, la interrelación entre género y sexualidad, que se persigue han de ser responsabilidad única de las instituciones del estado. Claramente, las reformas jurídicas pueden tener un papel muy importante con respecto a la movilización social, al generar reconocimiento e inclusión pero no son ni pueden ser la única estrategia para el cambio social (Spade, 2010).
¿Qué retos nos plantea esta situación de vaivenes políticos sobre el abordaje de igualdad de género y sobre la sexualidad?
La idea misma de que la desigualdad es un problema social que requiere de una acción estructural y política proviene de los movimientos sociales, revelando la interconexión de estos movimientos con los partidos políticos, que dotan de contenido a las apuestas ideológicas y ofrecen un vínculo con la ciudadanía. A su vez, los partidos políticos adoptan algunas de estas propuestas de los movimientos sociales y las transforman en propuestas legislativas, a menudo rebajando su potencial transformador. La búsqueda de un bienestar social que afronte los conflictos sociales, como la desigualdad o la exclusión por una sexualidad no normativa, es propia de un contexto de Estado del bienestar, generando políticas que aterrizan y concretan con acciones.
Ante los recientes cambios vividos en las elecciones de 2015, cabría preguntarse por la relevancia que tiene esta noción de igualdad en el contexto neoliberal actual, donde los problemas de desigualdad económica y desempleo pueden entenderse erróneamente como algo neutral al género o que no están ligados directamente con la sexualidad y la identidad de género normativas. En este sentido, podemos interrogarnos por el papel del liderazgo LGBTQ en las propuesta municipalistas y autonómicas, o incluso de cara a las próximas elecciones estatales. Tenemos un ejemplo claro en las políticas conservadoras, cuyo ideario parece necesariamente oposicional con las libertades sexuales (por ejemplo estar contra al aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo), lo cual nos puede ayudar a entender que la igualdad no es un tema secundario. De hecho, ni los derechos de las mujeres ni la sexualidad han sido temas menores en las últimas legislaturas, a tenor del cálculos en el coste electoral que ha hecho por ejemplo el Partido Popular a la hora de decidir si desmantelan políticas que tienen una aceptación social importante, como son por ejemplo el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La rapidez con la que se han producido estas políticas de igualdad y sobre la sexualidad, si las comparas con otros países cercanos, puede producir cierta falta de consolidación. Esto nos lleva a pensar que unas políticas que se dirigen a la desigualdad necesita de unas raíces profundas, que consoliden en la sociedad cambios que permanezcan, que no dependan de los cambios del color del partido. En este sentido, en la situación actual ya no son sólo las estructuras de los partidos ya establecidos (PP, PSOE, PNV, CIU, etc.) donde tiene lugar la lucha por situar la desigualdad de género o sobre la sexualidad como cuestiones principales, sino que estas tensiones y diálogos están teniendo lugar en una multiplicidad de lugares, como son las plataformas populares o nuevos partidos como Podemos. Son grupos políticos plurales que van a gobernar en coaliciones, y habrá que preguntarse qué lugar de relevancia encontrará el abordaje de las políticas sobre la igualdad y la sexualidad en estos partidos.
Los niveles múltiples de las políticas del Estado español, así como las grandes diferencias entre las comunidades autónomas muestran una radiografía de un estado cuasifederal, donde hay apuestas políticas por la igualdad muy diferentes, que ofrecen a la ciudadanía derechos un tanto diferentes (por ejemplo, si hay o no un registro de parejas de hecho, si es fácil conseguir el cambio registral de nombre y sexo, si las políticas de igualdad se dirigen a algunas mujeres u otras). También hay diferencias ideológicas, que se sirven de la idea de igualdad en sentidos incluso contrarios, para naturalizar las diferencias o para tratar de erosionar estas diferencias.
El contexto actual demuestra la importancia de una conciencia social amplia para poder convertir y mantener una cuestión en parte de la agenda política, que nos lleva a preguntarnos por la relación entre las políticas de igualdad y las movilizaciones feministas. En qué sentido existe o no un vínculo y comunicación posible, cómo podría ser redefinido a la luz de las formas de política que proponen las plataformas populares, basadas en una relación directa entre ciudadanía y élites políticas.

Bibliografía
• Bustelo, María (2004). La evaluación de las políticas de género en España. Madrid: Catarata.
• Spade, Dean (2011). Normal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of Law. New York: South End Press.

R. Lucas Platero doctor por la UNED, docente y miembro de la Cátedra de Género de la URJC. Entre sus publicaciones, destacan Trans*exualidades. Acompañamientos, factores de salud y recursos educativos (Bellaterra, 2014) y Por un chato de vino. Historias de travestismo y masculinidad femenina (Bellaterra, 2015).

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