La LOMCE, su letra y su transfondo

EnseñanzaPubli

Pilar Etxaniz Kortabarria.

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es la séptima reforma educativa de la democracia. Más que una nueva ley es una reforma de la LOE de 2006, actualmente vigente. En su exposición de motivos plantea como objetivo la mejora de la calidad de la educación en el marco europeo, debido -según dice- a los malos resultados que obtiene el alumnado en las pruebas de PISA (Programme for International Student Assessment), a las elevadas tasas de abandono escolar y al reducido número de ellos que alcanza la excelencia. La ley pretende superar estas deficiencias, mejorar la empleabilidad y estimular el emprendizaje.

Autonomía de los centros, evaluación y curriculum. Se propone aumentar la autonomía de los centros otorgando mayor poder a los directores en la elección del profesorado y en la gestión de recursos, a costa de minimizar las funciones del Consejo Escolar.

La calidad de la enseñanza se medirá por evaluaciones externas al final de cada etapa: pruebas en Primaria con una reválida al final de la etapa, otra reválida al final de la ESO y otra en Bachillerato, si no se superan estas últimas no se obtendrá la titulación que permita proseguir los estudios. Las pruebas serán comunes a todo el Estado y corregidas por personal externo a los centros. Serán meramente cuantitativas, referidas a las materias consideradas relevantes, despreciando otras competencias, habilidades y valores básicos. Estas evaluaciones, por su propia naturaleza y finalidad, no servirán para mejorar la calidad de la enseñanza de los centros, ni del sistema educativo en su conjunto. Contribuirán, sin embargo, a clasificar a los centros, estableciendo un ranking en función de sus resultados y a fiscalizar la labor del personal docente, del que el ministro demuestra desconfiar profundamente. Tampoco servirán para fomentar la innovación educativa, ni para responder adecuadamente a la diversidad existente en las aulas, ni para organizar mejor los centros. La autonomía en manos del ministro sigue criterios empresariales, según los cuales la competitividad es lo que genera calidad. Así, serán los centros (en realidad los directores-gerentes) quienes implementen estrategias orientadas a captar a los “mejores profesionales” y a obtener más recursos, y quienes presionarán al profesorado para que su función se limite a ser meros preparadores de exámenes y reválidas que les coloque en una posición privilegiada en el mercado educativo. No se trata de mejorar todo el sistema educativo sino de crear élites, dejando en la estacada al alumnado con mayores dificultades académicas, económicas o sociales. Es el tiro de muerte para una escuela que aspira a la equidad, que contribuye a compensar las desigualdades y a la cohesión social.

La ley establece una clara jerarquía entre las áreas, unas serán troncales, se considerarán las más importantes y serán objeto de evaluación en las pruebas externas citadas; otras serán específicas obligatorias o específicas. El Gobierno central fijará los contenidos de las materias troncales, así como los objetivos y criterios de evaluación de casi todas las demás, cuyos contenidos serán concretados por las CCAA.

Se termina con la idea de ciclo, que suponía una mayor flexibilización en la organización de las enseñanzas, en la consecución de los objetivos, en los ritmos, etc. Se termina con el planteamiento de una educación obligatoria integral e igualitaria, al establecerse dos titulaciones al final de la ESO, una para acceder al Bachillerato y otra para la FP, obligando prematuramente a los estudiantes a optar entre ellas.

En este caso también habrá una evaluación final externa, común a todo el Estado y que supondrá el 40% de la nota final. Sin aprobar esta prueba no se podrá obtener el título de Bachillerato ni pasar a la FP superior.

Finalmente, a las universidades se les ofrece la posibilidad de utilizar distintos criterios en la admisión del alumnado.

De la enseñanza religiosa al trato a la privada. Desaparece la “Educación para la Ciudadanía”, cuya supresión ha sido la bandera de la derecha española desde su implantación. Se refuerza la asignatura de “Religión”, que será evaluable; se implanta su alternativa como demandaban los obispos (“Valores Culturales y Sociales” en Primaria y “Valores Éticos” en Secundaria), división que conlleva adoctrinamiento para quienes opten por la Religión, en detrimento de contenidos relacionados con valores éticos universales. La Iglesia, como hasta ahora, elegirá al profesorado de Religión, que será financiado por las administraciones públicas; para completar su horario podrían impartir otras asignaturas sin necesidad de cumplir los requisitos que se exigen al resto de docentes, pudiendo llegar a ostentar la dirección de los centros.

La planificación de la educación obligatoria tendrá en cuenta la demanda social, pero el Gobierno no garantiza la oferta de plazas públicas suficientes; podemos pensar, pues, que lo público cubrirá las necesidades allá donde a la iniciativa privada no le resulte rentable establecer un centro escolar.Se alarga la duración de los conciertos, que se garantizan aún en el caso de que se segregue al alumnado en función del sexo (aulas separadas de niños y de niñas), cuestionando el principio de coeducación.

Centralización y homogeneización. Se aumenta el porcentajedel currículum estatal. Serán competencia del Estado los contenidos de las asignaturas troncales y el porcentaje de horas correspondientes a cada una de ellas, así como el establecimiento de las pruebas y reválidas citadas. El anteproyecto de ley habla de una proporción razonable entre las lenguas oficiales de una Comunidad, “sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano”. No es el Sr. Wert quien para imponer qué tratamiento han de tener las dos lenguas de nuestra Comunidad, cuestión que depende de muchos factores: del entorno sociolingüístico, familiar, personal, de estrategias metodológicas, etc.; los centros poseen la suficiente experiencia acumulada como para que puedan tomar las decisiones más adecuadas.

Perversión del lenguaje. El ministro en su discurso apela a términos que nos remiten a un modelo de escuela progresista e igualitaria: autonomía, excelencia, calidad, control, esfuerzo, oportunidades, justicia social, bienestar etc. Pero nada de eso es lo que preocupa a Wert, que en su definición del sistema educativo incluye a administraciones educativas, profesionales, y otros agentes públicos y privados que desarrollan funciones de regulación, financiación o prestación de servicios educativos en España. La responsabilidad del Estado pasa, pues, a ser la misma que la de los demás agentes citados, las familias y el alumnado se convierten en clientes y el sistema en su conjunto se deja a merced del mercado. El marco normativo de la ley es el que permite a las corporaciones empresariales y religiosas hacer el resto, de modo que es previsible que éstas vayan ocupando espacios cada vez mayores a costa de la educación pública.

Pero, además, el discurso de la LOMCE actúa como discurso moral, según el cual los problemas centrales de la educación no están directamente relacionados con las condiciones materiales en las que se ejerce la docencia, ni con las condiciones económicas y sociales de los estudiantes, ni con la importancia que la sociedad otorga a la educación. Ahora la responsabilidad del éxito o fracaso es exclusivamente de la comunidad escolar, de su eficiencia y capacidad para captar buena clientela y conseguir un número de alumnos excelentes que mostrar ante Europa. Es la lógica económica, la culpabilización del profesorado y de las familias que no han sido capaces de competir adecuadamente en el mercado de la educación. Este discurso se complementa, además, conlas medidas que se están tomando desde las distintas administraciones: recortes presupuestarios, empeoramiento de las condiciones laborales, disminución de becas, encarecimiento de las tasas en etapas no obligatorias, recortes en servicios como comedores y transporte escolar.

Estamos ante un intento de desmantelar la escuela pública, la que está llamada a garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades, a educar en la responsabilidad y en el sentido crítico, en la que las niñas y los niños y jóvenes puedan vivir experiencias positivas de acogida, inclusión y bienestar personal.

¿Y qué haremos las y los docentes y el conjunto de la sociedad ante este despropósito? Será necesario comprometernos con el derecho que tiene nuestro alumnado a la mejor enseñanza posible y resistir esta embestida para nada inocente, seguir garantizando prácticas inclusivas y democráticas, deslegitimar las pruebas que no ayudan a mejorar la enseñanza. Creer en nosotras mismas, en nosotros mismos, en nuestra capacidad transformadora. Es la hora de tejer complicidades y de construir amplios consensos, superando protagonismos estériles y estrategias de corto plazo. Es la hora de resistir, de la insumisión.

Pilar Etxaniz Kortabarria (directora de Antzuola Herri Ikastetxea)

Categorized | Política, Sociedad

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