La Europa del miedo y la excusa de la inmigración

Javier de Lucas. (Galde 04, otoño 2013). Si hacemos balance de la situación en que se encuentra la Unión Europea  a finales de 2013, me parece imposible dejar de reconocer que parece atenazada por una lógica que sacrifica cualquier objetivo de su política económica y social ante el ara del equilibrio del déficit. Y, como suele suceder en momentos de crisis en los que, además, prima este criterio, se recurre al viejo mecanismo centrípeto del agresor externo para tratar de conseguir la cohesión social por parte de quienes se ven perjudicados por esas políticas en términos de pérdida de garantía de derechos y servicios sociales. En definitiva, reaparecen los mensajes que apelan al miedo frente al caos y de esa manera contribuyen –incluso institucionalmente-  a la difusión del racismo y de la xenofobia.

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Inmigrantes y refugiados están en el punto de mira 1. La evolución más reciente de los acontecimientos (naufragios en Lampedusa, expulsiones colectivas, rigidificación en el sistema de asilo, medidas desproporcionadas en las fronteras de Melilla), así lo acreditan. De momento, la UE ha pospuesto hasta el Consejo Europeo de 2014 la adopción de un plan de respuesta coherente en materia de inmigración y asilo. Y la única iniciativa puesta en marcha, pese a las declaraciones del Presidente Barroso y de la Comisaria Malstrom, es el Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo por el que se crea un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras,EUROSUR 2, que a duras penas oculta su verdadera función de control cuasi militar de la inmigración irregular, aunque es cierto que en su exposición de motivos se incluye la misión de “contribuir a asegurar la protección y salvamento de las vidas de los inmigrantes”. Más recientemente, ha de destacarse la toma de posición del Servicio Exterior Europeo (EuropeanUnionExternalAction (EEAS), en su nota del 19 de noviembre de 2013, sobre la gestión de los movimientos migratorios en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa : « MigrationFlows in theSouthernNeighbourhood and theirExternalRelationsPerspective – PossibleAvenuesfor Dialogue and CooperationwithPartnerCountries, includingOptionsfor a CSDP Operation 3», que propone líneas de actuación  y objetivos que incluyen la cooperación, pero, insisto, siempre insertando la inmigración no ya en el ámbito de la acción exterior, sino precisamente en el de la CSDP, lo que, como mínimo, a mi juicio, es reductivo.

Hace años que organizaciones especializadas en el estudio de las políticas migratorias y de asilo, como Migreurop 4, vienendenunciando que la UE sostiene una  auténtica guerra contra los inmigrantes (y contra los refugiados). A mi juicio, los recientes acontecimientos en dos puntos clave de las políticas europeas de asilo y de inmigración, dos de las “puertas de Europa”, Lampedusa y Melilla, acreditan de modo incontestable esa tesis. De ser así, la libertad de circulación no sería un derecho suficientemente reconocido y garantizado por la UE y sus Estados miembros.No se trata tan sólo de que la UE priorice la perspectiva securitaria en relación con inmigrantes y refugiados (en términos de defensa, hasta el punto de considerar los movimientos migratorios como uno de los desafíos o amenazas para la defensa y seguridad de la UE). Es que en la práctica desaparece cualquier otra consideración cuando se trata de afrontar la gestión de esos movimientos hasta el punto de que impone una lógica bélica, militar. Los inmigrantes ocupan el lugar del enemigo ad portas, eso sí, como masa anónima, como amenaza de oleada, de invasión.

Por tanto, si se es consecuente con esa perspectiva, no podría sino admitirse la lógica de tesis como las  enunciadas en su día por el ministro leghistaMarone, quien abogó por la utilización de cañoneras para disuadir la llegada de inmigrantes a costas italianas. Y el mismo fundamento tendrían, con los matices que se quiera, las declaraciones del Delegado del Gobierno español en Melilla, Abdelmalik El Barkani, en defensa de la reinstalación a finales de octubre de 2013 y en determinados tramos de la frontera de Melilla, del modelo de alambrada con cuchillas (un sistema conocido, por cierto, como “muro palestino”, por su utilización en la zona de Cisjordania y, comercialmente, ), alegando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una obligación constitucional de defensa y un deber jurídico más específico de impedir la entrada de inmigración irregular.  Por su parte, el Ministro del Interior del Gobierno Rajoy, ante las críticas por la reposición de la alambrada con cuchillas,argumentó que no son medidas agresivas como (sic) y que se trata de mecanismos disuasorios que podemos encontrar en cualquier establecimiento penitenciario. Más claro, agua: los inmigrantes irregulares son equiparados a los delincuentes convictos y confesos.

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Sabemos bien que la situación de guerra sirve como argumento para tratar de suspender el cumplimiento de deberes jurídicos fundamentales. A mi juicio, eso es lo que subyace a la deriva actual de las políticas migratorias y de asilo de la UE. Si estamos en guerra, todo está permitido, todo es lícito con tal de obtener la victoria. Porque se trata de elegir entre nosotros y ellos, en un recurso retórico bien analizado y descrito hace decenios por la psicología social y la sociología política, la UE cultiva institucionalmente de modo irresponsable mensajes de confrontación (necesarios todavía más en tiempos de crisis), en los que, insisto, la apelación al agresor externo es un eslabón más de la política del miedo que apela a la fuerza centrípeta de cerrar filas frente a tales amenazas. El resultado es que los instrumentos de las políticas migratorias y de asilo contribuyen -a medio, si no a corto plazo-  a la patologización del conflicto social y, por consiguiente, son esos programas (y no los refugiados, ni los inmigrantes) lo que provocan la fragmentación y amenazan la cohesión social.

En esa vuelta de tuerca a la que asistimos hoy, una consecuencia perversa del cierre de fronteras contra la inmigración mal denominada ilegal, es que los refugiados no son tratados como tales, sino como falsos inmigrantes, coartada que sirve a la UE y a sus Estados miembros para burlar el cumplimiento de normas básicas del Derecho internacional de refugiados. Por ejemplo, en el caso de que pretendan llegar por mar, produce como resultado que se violen preceptos jurídicos básicos del Derecho internacional del mar, como lo dispuesto en el  artículo 98.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Convención de MontegoBay) de 10 de diciembre de 1982 5y por ejemplo en la regla 33.1 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS 6).Cuando la ruta es terrestre, como sucede hoy en buena parte de los países de África que llamamos con dudosaprecisión «subsaharianos», el desierto cumple la función de criba.

Por su parte, los inmigrantes irregulares que tratan de entrar en Italia,  Malta o España, o aguardan en las fronteras de Ceuta y Melilla, son identificados como delincuentes que, en caso de que consigan pasar, han de ser encarcelados, multados y expulsados. Infrasujetos de derecho, la condición administrativa de irregularidad se convierte en delito y leyes inicuas, como por ejemplo la Fini-Bossi que el Gobierno de Letta no ha derogado  -dos meses después de las últimas grandes tragedias en Lampedusa- los someten a confinamientos que son verdaderos encarcelamientos y también a multa y expulsión. Estamos, pues lejos de reconocer y garantizar plenamente el derecho a circular libremente como un derecho humano fundamental. Pero si ese desconocimiento es inadmisible en países que dicen regirse por la primacía de los derechos humanos, habrá que modificar como mínimo los aspectos en que las políticas de migración y asilo lo ponen en entredicho.

El primer test para evaluar nuestra coherencia con ese reconocimiento debido está a la vuelta de la esquina, las próximas elecciones europeas. Mucho deben cambiar las cosas para que las formaciones políticas que concurran a ellas lo hagan con un programa decente en este punto. ¿Lo exigirán, lo exigiremos los electores, nosotros, los ciudadanos europeos?

Comencemos por señalar que hay otras políticas migratorias y de asilo posibles. Y para empezar, debemos exigirlas de quienes quieren ser elegidos para ser nuestros representantes en la UE. Políticas que prioricen iniciativas de cooperación y codesarrollo con los países de origen de los movimientos migratorios. Que establezcan cláusulas de condicionamiento de esas ayudas al cumplimiento de estándares mínimos de desarrollo humano, de avance en la democracia y en el respeto de los  derechos. Que permitan establecer “corredores humanitarios” para que quienes huyen de la persecución, de la guerra, de la opresión y, por tanto, tienen todos los requisitos para presentar solicitud de asilo, puedan llegar a presentarla de hecho sin tener que poner aún más en peligro sus vidas. Políticas que equilibren de forma positiva la solidaridad con quienes padecen esa situación. Para salir de la vergüenza, como la que por ejemplo nos provoca a los europeosla comparación entre las estadísticas de acogida de refugiados en 2012, por parte de los EEUU (casi 50000) y la de UE, menos de la décima parte (4930). Por no hablarde la que sufrimos los españoles ante la decisión de nuestro Gobierno de  responder  a la mayor crisis de refugiados desde hace dos años, la de la guerra en Siria, con el establecimiento de una cuota de ¡30! refugiados sirios en nuestro país. Aún no es tarde.

Javier de Lucas

Instituto de derechos humanos

Universitat de València

 

Notes:

  1. Penúltimo ejemplo, el endurecimiento que supone la Inmigration Bill adoptada por el Parlamento inglés en octubre de 2013, una de las medidas en el abanico de programas de “disuasión” migratoria que impulsa el Gobierno Cameron.
  2. Cfr. PE/CONS 56/13 de 11 de octubre de 2013.
  3. Nota del EEAS. Consejo Europeo, 16394/13, COPS 490, COSI 132, COMAG 119, JAI 102.
  4. Cfr. por ejemplo su Manifiesto en  http://www.migreurop.org/article2286.html?lang=fr.
  5. http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf/ref],  que se complementa con lo establecido, entre otros, en los párrafos 2.1, 10 y 13.2 del Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo (Convenio SAR, versión 1979 7http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx
  6. http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx
Txema García
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