(Galde 13, negua/invierno/2016). Iosu Perales. Los recientes resultados electorales en Argentina y Venezuela han reabierto el debate acerca de si los gobiernos progresistas y de izquierda han llegado ya al final de su recorrido en América Latina y lo que viene no es sino la restauración de gobiernos conservadores con mayor o menor sensibilidad social. En este debate parecen alinearse dos posiciones un tanto extremas: de un lado analistas que creen ver en la caída de gobiernos progresistas una autoprofecía cumplida y, de otro, analistas atrincherados en las bondades de una izquierda del siglo XXI de la que no quieren ver sus errores y debilidades.
Por mi parte no me inscribo en el hipercriticismo de unos ni en los planteamientos conservadores de los otros. Pensar que el ciclo progresista ya ha terminado no es de rigor, pero creer que todo va viento en popa es igualmente errático. Lo que sí me parece poco edificante es el muro que parece levantarse entre las dos posiciones, lo que no facilita un diálogo necesario. Para unos, los errores de los gobiernos progresistas y de izquierda dejan un legado favorable a los partidos conservadores y de los neoliberales, a pesar de que reconocen algunos logros en la lucha contra la pobreza; para los otros, quienes hacen esta crítica mantienen posiciones desde sus cátedras académicas, sin ningún arraigo en las fuerzas sociales, políticas y culturales reales. Lanzarse mutuamente epítetos como izquierda marrón (a propósito del extractivismo) e izquierdistas que no explican su propio fracaso, poco contribuye a una reflexión que se ajuste a la realidad.
No, no creo que pueda hablarse del fin del ciclo progresista, de la misma manera que nunca he creído que el neoliberalismo estuviera derrotado. El proyecto transformador de la izquierda latinoamericana tiene mucho recorrido por delante. Aunque también es verdad que para ello tiene que pensarse a sí misma, fijar la mirada crítica en su propia realidad interna, revisando paradigmas y conceptos, e incluso cambiando de semántica en consonancia con nuevos discursos y nuevas prácticas.
La confrontación entre los movimientos de cambio y los poderes neoliberales no ha dicho la última palabra, no ha librado ni mucho menos las últimas batallas. No se trata en este sentido de ser optimista o pesimista, pero sí creo que cabe ser más esperanzado que Eduardo Gudynas, intelectual a quien por otra parte admiro por su enorme contribución a la construcción del paradigma del Buen Vivir.
Creo que la izquierda latinoamericana vive una disyuntiva: o profundiza en los procesos de cambio social y democrático o cosechará nuevas derrotas. Para ello debe ensanchar la base social y electoral de los procesos de cambio. No es suficiente con estar bien conectados con aquellos que no le van a abandonar nunca. Llegar a nuevos sectores sociales, como por ejemplo a sectores populares que no votan izquierda a pesar de vivir los mismos problemas y sufrimientos de quienes si lo hacen, significa reactualizar el proyecto para seducir a las mayorías sociales. El desafío consiste en ganar la gran batalla de las ideas, la lucha por la hegemonía.
Conviene pararse un momento en este punto para decir que de lo que se trata no es básicamente de palabras, aunque sí son necesarias nuevas palabras y nuevos discursos. Lo esencial es abrir caminos pos neoliberales en áreas productivas y económicas, haciendo de los sujetos o actores sociales el eje de una estrategia inédita pero viable. No puede quedarse la izquierda instalada en el asistencialismo y en una redistribución marginal, hay que apretar el acelerador, pelear seriamente por reformas fiscales, resituar el papel del Estado y abrir nuevos espacios que demuestren que el pos neoliberalismo es posible. El escenario actual se puede describir como un pulso con dimensiones estratégicas entre el neoliberalismo y su capacidad de recuperación y el movimiento generalizado de cambio que aún tiene margen para ir más lejos.
Parece en todo caso pertinente recordar que ganar el gobierno no es tener el poder. Las victorias electorales progresistas han sido el resultado de reacciones sociales frente a derechas excluyentes y fabricantes de pobreza y desigualdad. Pero cuando han llegado al gobierno las fuerzas progresistas se han encontrado con correlaciones muy adversas, no sólo en el ámbito nacional sino que también como derivadas de presiones externas. La posición de los gobiernos progresistas no es cómoda. Han de gestionar desarrollando un paralelismo con las reglas de juego de una globalización neoliberal por un lado, y tratando de abrir espacios alternativos de desarrollo endógeno por el otro. A pesar de todo han frenado privatizaciones, han desplegado planes contra la pobreza y a favor de los municipios más deprimidos, prestan atención a las poblaciones indígenas y rurales, potencian la participación de la ciudadanía y han rescatado al Estado.
Que los gobiernos progresistas pueden hacerlo mejor es evidente. Sobre todo en los territorios y municipios, construyendo empoderamientos sociales de autogestión y otras formas cooperativas. Una buena parte de la izquierda que asume el Buen Vivir como paradigma integral para una nueva sociedad, no ha terminado de comprender su significado final como deconstrucción de una sociedad sometida al libre mercado y a un mal desarrollo, y a contrario sensu como motor de una nueva arquitectura del bien común y la igualdad. Ahora bien, la dificultad de este esfuerzo consiste en hacerlo despojándose de todo maximalismo teórico y de vanguardismo; hacerlo apelando no a relatos o modelos finales sino a la justicia, a los derechos humanos y a la sostenibilidad ambiental. De momento ya es bastante.
Una de las críticas que se hacen a gobiernos progresistas tiene que ver con sus posiciones frente a las organizaciones y movimientos sociales. Es una buena crítica. Pero tampoco es conveniente hacer retórica. Hay gobiernos que le tienen miedo a la dimensión libre y crítica de los movimientos; y hay movimientos que se han paralizado a sí mismos desde el error de pensar que teniendo amigos en el gobierno las soluciones vendrían de arriba. Doble error. Restaurar una relación entre iguales desplegando la democracia participativa debería dar lugar a una confianza mutua que no admite prórrogas. Pero si este re-encuentro es esencial, lo es asimismo la apertura de la izquierda hacia poblaciones tradicionalmente votantes de las derechas. Algo se está haciendo mal cuando se ganan elecciones por los pelos o en segunda vuelta. Y la lucha por la hegemonía no puede pararse en el voto de los míos.
En América Latina la recuperación del Estado es fundamental. Las derechas lo ha reducido cuanto han podido, gestionándolo como una empresa al servicio de las elites. Estoy planteando un tipo de Estado que no practique el estatismo, sino como uno de los motores, junto a la ciudadanía, del Buen Vivir.
ESTADO DE LA CIUDADANÍA: Definido por un conjunto de condiciones jurídicas, políticas y económicas que hacen de las personas el centro de la actividad pública, garantizando sus derechos y los recursos esenciales para una vida digna de TODA LA CIUDADANÍA, entre los que se encuentran la asistencia sanitaria, la educación, la vivienda, el acceso al trabajo, el seguro de desempleo, acceso real a la cultura, la atención digna a los mayores, la protección de personas discapacitadas, etc. Ello supone que el Estado sea redistribuidor mediante una fiscalidad progresiva, procure la integración y combata toda forma de exclusión.
ESTADO MULTIETNICO Y MULTICULTURAL: La transición para una autodeterminación inconclusa de la que habla Boaventura do Santos debe incluir de manera potente la sustitución del Estado jacobino, homogéneo, por un Estado abierto, descentralizado, multiétnico y multicultural. Ello supone ver la realidad de otra manera: asumiendo la diversidad de ideas, de lenguas, de costumbres, de culturas, a lo interno del país. De este modo junto a la figura clásica de los derechos ciudadanos, deben incorporarse los derechos de las etnias, de los pueblos con una identidad propia. Un Estado en el que convivan personas, comunidades, pueblos y nacionalidades con todos sus derechos y en el mismo plano de jerarquía. Así lo han de recoger las constituciones, para pasar del Estado monocultural al Estado pluricultural y plurinacional e integral.
ESTADO ECOLOGISTA: Que ponga en práctica los principios y valores del Buen Vivir y el ecosocialismo. Ello supone aceptar que la Naturaleza debe ser reinterpretada, y deben conocerse y difundirse sus derechos. El Estado junto con la sociedad rescata las dimensiones de la sustentabilidad e impulsa una nueva ética para organizar la vida, haciendo del crecimiento un medio y no un fin. Reconociendo que la Naturaleza es sujeto de derechos, el Estado y la sociedad avanzan hacia un biocentrismo que cuida de la conservación de la Naturaleza, limitando y eliminando actividades productivas que dañen el medio ambiente, preservando de este modo la integridad de los procesos naturales y de los flujos de energía, y desmercantilizando la naturaleza frente a la privatización, y asegurando las sobrevivencia de especies y ecosistemas como conjuntos de redes de vida.
ESTADO DE LIBERTADES: Constitucionalmente se ha de garantizar la libertad de empresa, con responsabilidad social y sujeción a la ley. Garantizar asimismo el derecho al trabajo como deber social protegido por el Estado. Garantizar la propiedad legítimamente adquirida y cuyos límites se encuentra en el bien común. Garantizar el consumo como derecho, protegiendo el Estado la calidad de lo que se consume y el derecho del consumidor a la libre adquisición. Garantizar la libertad de contratación en el marco de la ley.
ESTADO PLANIFICADOR: El rol del Estado debe garantizar un régimen de desarrollo equilibrado, sustentable, humano, velando porque ramas estratégicas como la energía, el agua, la calidad del aire, áreas de transporte, la soberanía alimentaria, sean un bien común no sujeto a intereses privados. En su misión por servir al conjunto de la sociedad el Estado crea una banca pública además del banco de la mujer. El Estado planifica las grandes líneas del régimen de desarrollo, impulsando la cooperación pública-privada. Lejos de una concepción estatista y de la concentración del poder, el Estado lo distribuye impulsando la propiedad social y alentando la pequeña y mediana propiedad individual o de grupo. Con la gran empresa el Estado buscará en todo momento acuerdos para que sus actividades sean siempre dentro de la ley y en el marco de la los intereses generales del país expresados en la Planificación Nacional.
ESTADO REGULADOR: de algunas actividades económicas. El Estado debe velar porque las poblaciones empobrecidas tengan acceso cotidiano a las necesidades básicas. Deberá regular determinadas tarifas de empresas públicas y privadas. También deberá regular algunos precios mediante los subsidios, la venta de insumos y la participación en la comercialización de productos, sobre todo en lo relacionado con la seguridad y soberanía alimentaria. El Estado debe asegurar que el salario mínimo cubra la canasta familiar y garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. También debe aprobar la contención y en su caso la sanción a monopolios y oligopolios privados contrarios a la ley. El Estado debe regular los servicios prestados en el ámbito del consumidor.
ESTADO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: El Buen Vivir no es realizable en escenarios de discriminación de la mujer, de violencia machista extendida, de abuso de poder masculino en cualquier esfera de la vida. Tampoco en escenarios donde la mujer es dependiente del hombre en el ámbito legislativo y de determinación de derechos, como por ejemplo debe respetarse la autodeterminación sobre su propio cuerpo. El Estado ha de garantizar la igualdad de oportunidades y en el trato, la equidad de género en derechos y deberes, y procurar en todo momento la educación y la salud de las mujeres, su libre acceso a la titularidad de propiedades en igualdad con los hombres. El Estado podrá impulsar la discriminación positiva transitoria con el fin de buscar puntos de partida de hombres y mujeres en igualdad.
ESTADO DEMOCRÁTICO: Un Estado de derecho, con división de poderes, pluralidad política y elecciones libres, derecho a la crítica, a la libre expresión de ideas, a la manifestación y la huelga, a una información veraz a la ciudadanía, derecho ciudadano a acceder gratuitamente a los tribunales, y una prensa libre y responsable.
ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS: Resume y sintetiza todos los valores y principios del Buen Vivir. El Estado defiende, difunde y educa en los DDHH.
Para terminar regreso al principio. Sin duda hay que abrir siempre el círculo de la crítica, no cerrarlo bajo ningún pretexto. Pero el hipercriticismo no es aconsejable. A fin de cuentas la esperanza de millones de personas en América Latina está puesta en una izquierda contemporánea que trata de abrir nuevos caminos en la construcción de alternativas al neoliberalismo.
