Àlex Guillamón. (Galde 09, invierno 2015).
El martes 13 de enero la Comisión Europea hizo públicos los resultados de una encuesta lanzada el pasado verano sobre el ISDS. Para quien no lo conozca, ISDS son las siglas en inglés del tribunal de arbitraje previsto en los tratados internacionales de comercio para recoger y resolver demandas a los Estados por parte de inversores extranjeros que consideren perjudicados sus intereses por sus decisiones o políticas.
Este ISDS es uno de los puntos más controvertidos en torno a las negociaciones del TTIP o Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Otro punto polémico ha sido precisamente el absoluto secretismo que hasta hace poco rodeaba todo lo que se refiere al TTIP. Naturalmente el secretismo debe entenderse respecto a la ciudadanía en general, porque, por lo que hace a los grandes grupos empresariales y financieros de ambos lados del Atlántico, han sido partícipes privilegiados ya desde antes de junio de 2013 en que comenzaron oficialmente las negociaciones.
Precisamente el intento de salir al paso de estas críticas crecientes en la opinión pública de varios países, fue el motivo fundamental del lanzamiento de la encuesta sobre el ISDS, de la que ahora sabemos algo más que los resultados. Sabemos que, a pesar de la formulación extremadamente tecnicista de la encuesta, registró resultados récord de participación ciudadana. La encuesta iba dirigida a diferentes niveles, tanto a instituciones públicas, como a empresas u organizaciones empresariales, a entidades, como personas a título individual. Se registraron casi 150.000 respuestas, el 97% de ellas expresando opiniones críticas a la inclusión de este tipo de tribunales de arbitraje.
Pero lo más inaudito de todo ha sido la conclusión que de ello ha sacado la propia Comisión Europea: se lanza una consulta pública para responder a las demandas de participación ciudadana en un tema de tanta trascendencia como éste y, tras un resultado tan contundente, la conclusión es que de aquí en adelante sólo se pedirá asesoramiento a “agentes especializados”. Y la segunda conclusión es, naturalmente, mantener la creación del ISDS vinculado al TTIP, eso sí, velando porque todos sus procedimientos se atengan a la legalidad europea, desiderátum que nadie sabe qué significa exactamente.
Este “affaire” de la encuesta fallida no tendría más interés, si no fuera porque es una auténtica metáfora de lo que se está haciendo con las negociaciones del TTIP y lo que significa el TTIP en sí mismo.
Los sistemas políticos parlamentarios del siglo XXI son más bien órganos de “deformación” que de conformación de la voluntad popular. Hoy es extremadamente difícil participar con posibilidades en una campaña electoral sin contar con grandes recursos económicos, ni con los medios de comunicación, que, en su mayoría, están en manos de los mismos grandes poderes económicos y financieros. Los procesos de representación se retuercen con sistemas electorales que favorecen la instauración de monopolios políticos, clientelismo y corrupción. Además, lo que hacemos no es escoger personas con un mandato por parte de su electorado, sino que acabamos decidiendo en quién confiamos más -o desconfiamos menos- para darle un cheque en blanco.
Todo eso abre un gran abanico de posibilidades a estos grandes poderes para influir, muchísimo más que el electorado, en las decisiones políticas. Y, por si esto fuera poco, hoy en día, las líneas estratégicas sobre la orientación de la economía y la política se han ido derivando de los organismos salidos directamente del sufragio universal, a instituciones electas en segundo, tercero o cuarto grado, a instituciones directamente no electas o a organismos mixtos.
Pero estos grandes poderes industriales y financieros ya no tienen suficiente con esto. Sus proyectos aún no se trasladan a las decisiones políticas con la nitidez y la celeridad que necesita el ritmo de la competitividad en los grandes negocios globales del siglo XXI. No puede ser que una empresa de Texas vea entorpecidos durante años sus negocios porque el gobierno francés, atendiendo a las demandas de su ciudadanía, decide una moratoria para el fracking. No puede ser que la agenda de la privatización de la sanidad se “eternice”, porque haya trabajadoras y usuarios de la sanidad que consiguen retrasarla y la ciudadanía aún crea que la sanidad es un derecho. No puede ser que Monsanto tenga que sufrir un auténtico “calvario” de décadas de resistencia del campesinado, ecologistas y consumidoras para implantar la producción y el consumo de transgénicos, con el enorme “lucro cesante” que ello conlleva.
Y para solucionar todo esto, en lo que se está pensando es en el retorno del primer Estado. Como sabéis, en la Francia del Antiguo Régimen, el rey convocaba a los Estados Generales para tomar las grandes decisiones. El primer Estado era la nobleza, el segundo el clero y el tercero la representación de las ciudades (la ciudadanía). Naturalmente el entendimiento entre la monarquía y los dos primeros estados marcaba la normalidad del funcionamiento de este régimen, hasta que la Revolución acabó con los privilegios y consagró el sufragio universal y la soberanía popular, como bases de la legitimidad política.
La “nobleza” industrial y financiera del siglo XXI añora aquel pasado y demanda cada vez más un nuevo régimen post democrático, una especie de “capitalismo barroco”. No es necesario eliminar las “viejas” instituciones dependientes del sufragio universal y de la opinión pública, si se consigue sobreponerles otras, que tengan capacidad para proponer, controlar, influir, tutelar, disuadir, amenazar…, sus decisiones.
En palabras del Observatorio Europeo de las Corporaciones: “Observamos el intento de trasladar los temas más controvertidos del TTIP a después de finalizado el acuerdo, mientras se asegura un marco institucional que garantice el acceso privilegiado de los grupos de los lobbys empresariales a la legislación futura. Esta nueva institución transnacional (el Consejo de Cooperación Reguladora), sin precedente histórico, añadiría un nuevo estrato en el proceso de legislación y regulación. Estos funcionarios tendrían una influencia enorme, ya que podrían parar o debilitar propuestas legislativas, y por otro lado, promover propuestas que debilitarían los requisitos para las compañías. Todo esto ocurriría antes de que cualquier organismo elegido democráticamente, ya sea un organismo nacional o el Parlamento Europeo, tuviera la oportunidad de dar un vistazo a las propuestas”.
Al proyecto político del TTIP se le puede analizar del derecho y del revés. Se puede entrar a alertar, con razón, sobre cada uno de los efectos que puede conllevar en la rebaja de los derechos sociales, laborales, económicos, culturales, ambientales, etc. y lo que todo esto conllevará en la configuración de sociedades de mayor exclusión e inequidad. Pero de lo que trata esencialmente el TTIP, lo que hay detrás de la forma en que se está negociando, lo que se desprende de la lectura de la Comisión Europea sobre la encuesta fallida sobre el ISDS, es justamente eso: la preparación del retorno del “primer estado”.
Àlex Guillamón es Coordinador de Entrepueblos/Herriarte y miembro de la campaña Catalunya No al TTIP
