Catalunya en transición

Egilea: Jaume López

Declaración de soberanía: culminación y primer paso.

El pasado 23 de enero, el Parlament de Catalunya aprobó una declaración de soberanía. Hubo 85 votos a favor, 41 en contra, 2 abstenciones y 7 diputados del PSC se ausentaron de la votación para no tener que votar en contra siguiendo la posición de su partido. En total, la declaración contó con un 63% de apoyos, a las puertas, pues, de la mayoría cualificada de dos tercios (66%) y muy por encima de la mayoría absoluta. La declaración de soberanía supone la culminación de un ciclo de movilización social iniciado en el 2006 que ha culminado con un posicionamiento político muy transversal en favor del derecho a decidir el futuro marco institucional de Catalunya. Conviene recordar, en este sentido, que en las últimas elecciones autonómicas todos los partidos con representación en el Parlament, a excepción del Partido Popular y Ciutadans-Ciudadanos (juntos, el 20% de los sufragios), se presentaron con programas electorales que incluían la defensa del derecho a decidir. En el caso del PSC sin romper con la legalidad española. En el caso de la CUP refiriéndose al conjunto de los Países Catalanes. El decantamiento de la sociedad catalana hacia posiciones soberanistas (es decir, en favor del derecho a decidir) ha generado un espacio político nuevo en el que ha sido posible materializar un pacto de gobierno entre CIU y ERC (que ha preferido quedarse en la oposición).

¿Por qué una declaración de soberanía? Aunque en el debate el PSC justificó su voto contrario afirmando que no avalarían un proceso en el que se prefiguraba el resultado, hay que distinguir de una manera muy clara entre declaración de soberanía y declaración de independencia. Cuando hablamos de soberanía lo podemos estar haciendo en dos sentidos diferentes, que no deben confundirse. La soberanía, en el sentido de las relaciones internacionales, se entiende como el dominio pleno de un territorio reconocido por la comunidad internacional. En el sentido democrático, la soberanía es la expresión de la legitimidad última que tiene una voluntad popular.

La prueba de que una declaración de soberanía y una declaración de independencia no son lo mismo la podemos encontrar en otros procesos similares. Posiblemente uno de los casos que tiene más puntos en común con el catalán, por múltiples razones y a pesar también de las diferencias, es el de Eslovenia. En julio de 1990 esta república ex-yugoslava hizo una declaración de soberanía de sólo seis artículos donde básicamente se decía que las normas y organismos federales yugoslavos en territorio esloveno quedaban sometidos a la legalidad y voluntad eslovenas. Esta vuelta del calcetín no suponía la creación de un nuevo estado automáticamente, sino la expresión de que la última palabra en suelo esloveno la tenían los eslovenos y no los yugoslavos en su conjunto. Esto es una declaración de soberanía. Seis meses más tarde, en diciembre de 1990, se produjo el referéndum sobre la independencia, pero aún pasaron seis meses más hasta que se produjo la independencia como consecuencia del rechazo serbio a la propuesta de confederación yugoslava que defendía la República eslovena. Es evidente, pues, que proclamar la soberanía no significa lo mismo que afirmarse sujeto de derecho internacional. Esto es lo que ha hecho Catalunya recientemente.

La declaración de soberanía está en coherencia con una mayoría social que considera que Catalunya es una nación dentro del estado español y que debe tener la última palabra sobre la definición de su estatus institucional, lo que en los últimos años ha sido muy explícitamente negado por los órganos del estado. Por eso la declaración y el pacto CIU-ERC asumen el compromiso en favor de una consulta que se tendría que hacer no más tarde del 2014.

Un ciclo reivindicativo (2006-2012). 

Los observadores menos informados, o más anclados en prejuicios ideológicos, han atribuido todos estos cambios a la crisis económica. La manifestación que el 11 de setiembre movilizó a un millón y medio de ciudadanos y paralizó todo el centro de Barcelona sería, desde esta perspectiva, una expresión de un malestar repentino, o de una burda manipulación exitosa. Pero no es posible movilizar tal cantidad de gente sin una preparación, sin todo un proceso de años que ha ido facilitando ese desplazamiento político y, sobre todo, sociológico. Las reivindicaciones independentistas en Catalunya tienen más de un siglo de historia y en la democracia el apoyo a las tesis independentistas nunca ha sido inferior al del 10% de la sociedad catalana. El gran cambio, pues, se ha producido en la última década, en la que la opción en favor de un estado propio ha alcanzado unas magnitudes nunca vistas y, por el momento, bastante estables, del orden del 50% de la sociedad catalana. Esa transformación ha sido paulatina y, a mi entender, pueden destacarse tres tipos de factores para su explicación.

En primer lugar, la reivindicación democrática (soberanismo: Catalunya es soberana para decidir) se ha colocado por delante de la reivindicación independentista (Catalunya ha de ser un nuevo estado). Es decir, se ha producido lo que los comunicólogos llaman un cambio de frame dominante, un cambio de marco mental desde el que referirse y analizar las relaciones entre Catalunya y España. El camino del “derecho a decidir” se inicia en Catalunya con la manifestación de febrero de 2006 bajo el lema “Somos una nación y tenemos el derecho a decidir”. Se trataba de reaccionar a los recortes del Estatut que se estaban planteando en la negociación en Madrid. El éxito inesperado llevó a la creación de una plataforma transversal de entidades (Plataforma pel Dret de Decidir) en la que convergieron más de 700 asociaciones de todo tipo (culturales, de barrio, etc.) que llevó adelante la reivindicación del derecho a decidir durante más de un lustro. Los puntos álgidos de esta etapa fueron otra multitudinaria manifestación (2007) y una iniciativa legislativa popular en el Parlamento catalán, pidiendo que la Generalitat reclamara poder organizar un referéndum. (La que ha conseguido más firmas en el Parlament, junto con la antitaurina.) A partir de aquí viene todo el proceso de consultas ciudadanas que en cinco oleadas (2009 al 2011) se organizan en 554 municipios (sobre 946) y en el que participan 885.000 ciudadanos pese a la ausencia de cualquier ayuda institucional. Lo de menos son los resultados, ampliamente a favor de la independencia.

Catalunya

El segundo factor explicativo puede ubicarse en el desencuentro entre Catalunya y España que de manera tan rotunda y explícita pone de manifiesto la sentencia sobre el Estatut del Tribunal Constitucional (2010). Todo el proceso estatutario fue de un gran desgaste para la opinión pública, con continuas noticias sobre lo que cabía y no cabía en la Constitución en una decisión que se demoró cuatro años. Lo cierto es que la voluntad del President Maragall, socialista, era clara: propiciar una transformación en clave federal de las estructuras del estado, de entrada sin necesidad de reformar la Constitución, con una lectura descentralizadora que parecía posible. La sentencia supone un portazo a esa vía, declarando inconstitucionales elementos básicos del Estatut y que lo motivaron, como la definición de nación, el uso del catalán y los derechos lingüísticos de los catalanes, las relaciones con el estado, el sistema fiscal, la celebración de consultas, etc. La respuesta popular será una nueva manifestación organizada por la sociedad civil (Ómnium Cultural) que los partidos, por primera vez, encabezarán (todos menos el PP y Ciutadans-Ciudadanos). “Somos una nación. Nosotros decidimos”. De nuevo el derecho a decidir y la autoafirmación nacional, de soberanía, como protagonistas de la última gran manifestación previa a la del 11 de setiembre del pasado año, ya en clave independentista: “Catalunya, un nuevo estado de Europa.”

En tercer lugar, la crisis. En un contexto de empobrecimiento de Catalunya, que ya habían advertido desde hace años algunos voces, pero que ahora se hace cada día más evidente; en un contexto de recortes públicos que, de nuevo, evidencian tanto la falta de ingresos como un injusto déficit fiscal permanente entre Catalunya y España, también señalado con anterioridad pero sin la visibilidad que ahora consigue; el malestar social y político abre la puerta a la búsqueda de nuevas soluciones, de reformas.

¿Y ahora qué?

En clave interna (catalana). La primera prioridad de los meses que siguen ha de consistir en ampliar la mayoría social tanto en favor de la consulta, como de la opción del sí. Todavía persisten desconfianzas, azuzadas por algunos medios, entre los dos marcos culturales que conviven en Catalunya: el hispanocéntrico y el catalanocéntrico. El discurso racional (las potenciales mejoras de un nuevo estado) ha calado y explica, en una parte importante, el aumento del apoyo a la independencia entre los catalanes hispanocéntricos. Pero todavía son necesario más esfuerzos para generar nuevas complicidades, también en lo emocional. Cierto es que el viento sopla a favor, pues los jóvenes son un colectivo donde crece el independentismo, pero no queda mucho tiempo en relación a la consulta del 2014.

Otro frente importante se ha de centrar en blindarse ante una posible oferta-trampa de pacto ofrecida por el gobierno español que dé alas al status-quo, o a un cierto federalismo. Hay que recordar que tradicionalmente existe una mayoría federal en Catalunya. Parece, sin embargo, cada vez más difícil, aunque una parte del gran empresariado apueste por ello. De todos modos, las divisiones en este punto son importantes como demostró las recientes dificultades para encontrar una posición unitaria en un acto organizado por la patronal catalana Foment del Treball, el 14 de febrero, en el que algunas organizaciones empresariales no se apuntaron, en parte por la lectura pactista que podía tener.

En relación a España, habrá que aguantar la guerra sucia, el desplazamiento de miembros del CNI hacia Catalunya, muchos desde el País Vasco donde se considera que ahora son menos necesarios. Se intentará dividir a la sociedad catalana. Boicotear el proceso democrático. Generar miedos e, incluso, odios. Frente a ello, y junto a la resistencia pacífica y la contraguerra informativa, habrá que agotar las vías de negociación con el estado, por ejemplo, pidiendo la reforma constitucional para poder celebrar un referéndum, de modo que el proceso cumpla con todos los estándares exigidos por la comunidad internacional.

Finalmente, en clave internacional, es necesario explicar la transición catalana urbi et orbi. Explicar que no nos mueve, ni únicamente ni en primer lugar, una reivindicación económica, oportunista. Esto no es la Padania. Aquí hay una nación. Aquí hay 1000 años de historia. (El actual President de la Generalitat es el 130º.) Aquí hay  reivindicaciones centenarias que ahora cristalizan en un proceso similar al de Escocia, pero que se diferencia por tener frente a él un estado como el español, de peor calidad democrática. Explicar que se trata de un proceso escrupulosamente democrático. Y explicar España con sus déficits liberaldemocráticos: crisis institucional, no respeto de los derechos colectivos de las naciones que la forman,  trato fiscal injusto (sin parangón internacional), etc.

Lo que está claro es que no hay marcha atrás. Es muy difícil imaginarla. Se puede afirmar que, pese a las  dificultades y las todavía múltiples inconcreciones, hay una transición catalana en marcha, que se ha iniciado antes de la necesaria transición española y que, muy posiblemente, marcara los tiempos de ésta, y no al revés.

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