Luchas contra el extractivismo en Ecuador

El “ecologismo infantil” según Correa,
y el intento de ilegalizar Acción Ecológica

(Galde 17, invierno/2017). Pablo Ospina.
En diciembre de 2016 se produjo un recrudecimiento del conflicto anti-minero en el sur de la Amazonía ecuatoriana. Tuvo lugar un ataque al campamento minero Panantza
San Carlos, presumiblemente realizado por comunidades de la nacionalidad indígena shuar, en el que murió un policía y que marcó el punto más alto de la conflictividad provocada por la obstinación gubernamental por promover la minería metálica a gran escala en el país. Inmediatamente se produjo la militarización de la zona y el inicio del proceso de ilegalización de Acción Ecológica, la ONG más valiente y consecuente en el apoyo a las resistencias ambientales, acusada, sin la menor prueba, de promover la violencia.

Circuló entonces una carta firmada por intelectuales de América Latina y otros lugares del mundo, que criticaba la política y la actitud tomada por el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa en este caso, y se solidarizaba con Acción Ecológica. Inmediatamente intervino en el debate el intelectual brasileño Emir Sader pidiendo “responsabilidad política” a los intelectuales de izquierdas. En su opinión, la falta de responsabilidad consistía en hacer críticas que pudieran debilitar la candidatura presidencial de Alianza País –el partido de Correa- y que, al debilitarla, favorecieran al candidato de las derechas, el banquero Guillermo Laso. Según Sader, lo importante no era la justicia del caso particular, sino la batalla principal, es decir, la lid electoral donde se enfrentan diáfanamente el neoliberalismo contra el actual gobierno. Corolario ineludible: toda crítica pública a este último en período electoral es neoliberal con independencia de la justicia de su causa.

El episodio terminó (provisoriamente) en enero de 2017, cuando el Ministerio del Ambiente desechó la solicitud de revocatoria del permiso legal de funcionamiento a la ONG que había hecho el Ministerio del Interior. Evidentemente el objetivo del procedimiento no era tanto ilegalizarla en este momento, sino distraer la atención de la organización ecologista que movilizaba todos sus recursos, experiencia y contactos en la solidaridad con el derecho del pueblo shuar a resistir la indeseada invasión extractivista en su territorio. Pero éste no ha sido un episodio puramente coyuntural: expresa un conflicto más hondo y una discrepancia política más amplia.

Acción Ecológica nació en el año 1987. Para 1989 participó en sus primeras acciones de resistencia no-violenta en la lucha a favor de la entrega de los territorios indígenas de la nacionalidad Huaorani, en la baja Amazonía ecuatoriana. Desde entonces su perfil político y activista ha sido siempre radical, apoyando, animando y sosteniendo las reivindicaciones que vinculan la defensa del patrimonio natural con las demandas de justicia social y organización popular. Aunque casi todas las demandas ambientales suelen ser apoyadas por Acción Ecológica, su compromiso ha sido más indeclinable e incondicional con aquellas que involucran a sectores populares: es, precisamente el caso de la lucha anti-minera, pero también de las luchas contra la extracción petrolera y a favor de las comunidades de mangle contra las empresas camaroneras. Se podría decir que la filosofía de Acción Ecológica es no cerrar la puerta a ninguna persona que quiera comprometerse en las luchas ambientales, pero que su línea principal es promover esas preocupaciones entre los grupos más pobres como para desmentir la idea tan arraigada de que el ecologismo es un privilegio de las clases medias o una aspiración sofisticada de quienes han satisfecho ya sus necesidades básicas.

Acción Ecológica es una organización conocida mundialmente por su radicalidad al vincular los problemas ecológicos con la crítica al capitalismo. No ha cejado en su crítica a las formas más moderadas del discurso tecnocrático de la sostenibilidad, al capitalismo verde, a las pesadillas mercantilistas de la economía ambiental y a las ilusiones tecnológicas de quienes no quieren cuestionar la organización económica y los valores culturales que subyacen a la monumental crisis ecológica que enfrenta el mundo. En la base social de las luchas que apoya, en el contenido político de su discurso y en el inclaudicable apego a las formas de protesta de la desobediencia civil no-violenta, ha sido una organización coherente con los principios que proclama y con una radicalidad digna de sus mejores causas.

Durante el gobierno de la revolución ciudadana, Acción Ecológica acompañó con expectativa el tiempo de cambios prometidos y se vinculó con entusiasmo a sacar partido de las oportunidades políticas disponibles. Participó activamente en la Asamblea Constituyente de 2007 y 2008 y se le debe el impulso principal a varios de los debates y las iniciativas que concluyeron en la declaratoria de los derechos de la naturaleza, quizás la más prominente conquista doctrinal de la Constitución ecuatoriana de inicios del siglo XXI. Aunque la Constitución no fue capaz de disponer de un diseño institucional que hiciera honor a la radicalidad de su declaratoria de derechos, fue por ellos, precisamente, que Rafael Correa acusó en más de una ocasión a la Constituyente de andar pensando en “pajaritos rosados”. Más significativa que sus burlas fue lo que dijo en el discurso de apertura a los trabajos de la Constituyente: amenazó con renunciar y votar en contra de la Constitución aprobada si se determinaba, entre otras cosas, la prohibición o la seria limitación de la explotación minera o petrolera por razones ambientales.

El presidente Correa está en las antípodas del ecologismo de Acción Ecológica, al que califica de infantil. Para justificar su negativa a aceptar una Constitución que impidiera o limitara severamente la actividad minera utilizó argumentos de rentabilidad económica. El mismo tipo de ideas fueron utilizadas para justificar el carácter revolucionario de la iniciativa Yasuní – ITT, una iniciativa para dejar el crudo en tierra en un campo petrolero que se encuentra dentro de un parque nacional, cuando dijo que significa en esencia una ampliación grandiosa del comercio internacional hacia los bienes y servicios ambientales que están en manos del Sur global y por los que debemos ser pagados. En una palabra, sus cavilaciones se apoyan en los más deslucidos argumentos de la economía ambiental contra los que siempre insurgieron las organizaciones ecologistas radicales. Para el gobierno de Correa, la conservación es racional, madura y responsable solo si la tasa de retorno lo justifica. Sin embargo, el ecologismo es “infantil” cuando no adopta la estrecha contabilidad de economistas que sacan su calculadora monetaria para determinar qué cosa merece ser salvada y qué cosa merece el olvido. En el andarivel contrario a semejantes argumentos, la crítica ecológica, nacida de genuinos movimientos sociales de base, es la verdadera esperanza de cualquier renacimiento medianamente viable de toda expectativa radical.

Era solo cuestión de tiempo para que las diferencias irreconciliables de enfoque y sentido enfrentaran a Rafael Correa con Acción Ecológica. Aunque no es el primer gobierno que tiene diferencias ideológicas con Acción Ecológica, es el primero que se siente en el derecho de acechar, atacar y amenazar a una organización de sus credenciales históricas acusándola de “no cumplir con sus fines”. Además de la diferencia política, están en juego los valores de la tolerancia y el respeto a la lucha social.

¿Tiene sentido entonces el llamado a la responsabilidad política que hiciera Emir Sader? ¿Realmente no importa qué principios estén en juego, qué haga o qué valores ataque, hay que apoyar a un gobierno “progresista” absteniéndose de toda crítica por el peligro de la derecha? En medio de valores fundamentales en juego, nos piden callar y aceptar en silencio el sacrificio de organizaciones indígenas, de “unos cuantos shuar”, algunas “feministas rabiosas”, o de “insignificantes ecologistas desorientados”. Ningún proyecto emancipador, digno de merecer ese nombre, nos puede pedir semejante silencio cómplice en el altar de las conveniencias electorales.

Pablo Ospina es profesor de Área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E).

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