La democracia no es la guerra

AsamF

 

 

(Galde 12, otoño 2015).  Edwy Plenel. El debate sobre el estado de emergencia es una cuestión de eficacia: ¿cuál es la respuesta adecuada al desafío totalitario del Estado Islámico? La escalada de seguridad es una respuesta a corto plazo, inspirada por la inmediatez política más que por la preocupación de alcanzar soluciones sostenibles. Concediendo al adversario una victoria simbólica, esta desarma a nuestra sociedad tanto como la protege, amenazando nuestras libertades individuales y los derechos colectivos.

No hay por un lado gobernantes responsables y, por el otro, comentaristas irresponsables, hombres de Estado versus niños del coro, concernidos frente a los indiferentes. Los seis diputados –tres socialistas y tres ecologistas– que, el jueves 19 de noviembre, votaron contra la prolongación durante tres meses del estado de emergencia, cuando aún era posible prolongar esta medida durante seis días más, no están menos preocupados que los ciudadanos y tampoco son menos sensibles que aquellos que promueven esta fuga hacia el estado de excepción y, por consecuencia, hacia la suspensión de la democracia.

Pues la democracia no consiste únicamente en votar, este es solo uno de sus instrumentos. Se trata de una cultura concreta, una práctica viva, un ecosistema complejo que necesita la participación de los ciudadanos, el equilibrio de poderes y contrapoderes, la independencia de la justicia, la libertad de expresión y de información, de reunión y manifestación, una sociedad movilizada, un control de los gobernantes por parte de los gobernados… A lo que se suma el respeto por sus opositores. La ampliación del estado de urgencia es una prueba de la brutal regresión de la democracia, testimonio de un estado de pánico y no de sangre fría, que sea casi intolerable para algunos que otros puedan sentirse alarmados por esta brusca aceleración de la seguridad, llevada a cabo bajo el paraguas de la emoción, prácticamente sin debates profundos y reflexiones reposadas.

Que sus partidarios sean, por el momento, una gran mayoría en nuestro espacio político, y entre la opinión publica, no supone un juicio definitivo: la Historia cuenta con muchos ejemplos en los que una oposición minoritaria en un pequeño instante preservaron el futuro, sus posibilidades y su lucidez. Así, solo hubo una voz, una sola, la del senador demócrata Russ Feingold, contra la Patriot Act, un mes después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Pero, un año más tarde, en octubre de 2002, en la Cámara de Representantes, fueron 133 (contra una mayoría de 296) los que se opusieron al uso de la fuerza contra Irak. En la calma, rechazaron una política enloquecida por la ideología, cuyas consecuencias fueron más catastróficas que el ataque al que se pretendía dar respuesta: la invasión de un país soberano, Irak, entonces aliado y armado contra Irán, que no tenía ninguna conexión, ideológica o logística, con los terroristas de Al Qaeda y que no suponía una amenaza para nadie, pues no tenía en su poder armas de destrucción masiva.

De esta legislación de excepción y de esta ceguera que la acompaña, entre delirios estatales y mentiras mediáticas, enemigos deshumanizados y una guerra de barbarie, la democracia americana y el mundo entero han podido medir, desde entonces, la inmensidad del daño, Francia paga hoy su precio. Catastrófico, el resultado es claro: impotencia ante este terrorismo totalitario, que no ha dejado de ampliar su alcance hasta el punto de reclamar un territorio estatal haciendo uso de sus considerables recursos financieros ; incapacidad a la hora de hacer recular la ideología que lo alimenta, este islam sectario wahhabite cuyo foco principal se encuentra en Arabia Saudita, monarquía obscurantista que continúa siendo aceptada ; en revancha, amplia capacidad para producir y agravar el desorden del que se nutre Daech, la destrucción total del Estado de Irak, la brutalización inimaginable de su sociedad, el medio millón de muertos, tirando por lo bajo, que ha dejado tras de sí ocho años de ocupación americana (2003-2011), empujando a un país a una guerra de religión, en el propio seno del islam, entre chiitas y sunitas.

No aprender de la Historia supone debilitar el futuro. Estas respuestas que, por principios ideológicos o tácticos, se aprovechan del miedo para lograr influir en la política interior, conseguir una popularidad inmediata o alardear de habilidad política, pueden ser muy graves y desastrosas a largo plazo. Violar la democracia que dicen defender frente a los adversarios que la amenazan, utilizar el mismo lenguaje de aniquilación, de erradicación y destrucción de este último; habituar a nuestra propia sociedad a bajar la guardia en la defensa de nuestras libertades fundamentales: no, esto no es demostrar nuestra fuerza, sino nuestra debilidad. Es dejarse caer en la trampa de los terroristas, como conejos cegados por la luz: unirse a su tiempo, ese que alberga a un monstruo presente, escalofriante y paralizante, nos deja con un presente sin pasado ni futuro. Un presente muerto, inerte, sin esperanzas ni promesas.

Este presente ha sido la elección de François Hollande cuando, asestando un duro golpe, anunció, con un axioma que no corresponde a ninguna demostración razonada e informada, que «Francia está en guerra», el pasado 16 de noviembre, delante de los parlamentarios reunidos en el Congreso de Versalles. Refiriéndose únicamente a los problemas de seguridad, su discurso fue doblemente ciego: sobre las causas de lo ocurrido, en el pasado; y sobre sus soluciones, en el futuro. El único horizonte que propone es una guerra inmediata, no solo a distancia, sino también aquí.

Se trata de una perspectiva sin salida porque ignora la memoria. Indiferente a los contextos, las genealogías y las herencias que han dado forma a la amenaza, esta respuesta presidencial tiene la vista corta y el aliento ligero. Bajo la apariencia de su determinación, no tiene los pies en el suelo: a la vez desconectada de los orígenes internacionales del drama y, lo que es aún más grave, no tiene conciencia de las consecuencias nacionales que tendrá su terquedad.

Además, esta respuesta corre el peligro de convertirse en la perpetuación, o la extensión, de la catástrofe como ya lo han anunciado todos los especialistas, investigadores y diplomáticos, conocedores de la región o veteranos en los servicios de inteligencia, para quienes la conclusión es unánime: estamos ante el regreso de un boomerang que, hoy, hiere a Francia. Este golpe inédito que nos ha dejado a todos con un sentimiento de pavor, esta violencia desencadenada contra una sociedad abierta y diversa, tiene relación con décadas de errores estratégicos, en Afganistán e Irak. Nacieron de antiguas lógicas de poder que rechazan poner sobre la mesa una nueva realidad, un mundo que se ha convertido en un escenario multipolar. Un mundo más imprevisible y menos asequible, fruto de la progresiva emancipación de las tutelas coloniales o imperialistas, respecto a sus zonas de influencia y sus bloques de pertenencia.

Federando una izquierda conservadora que, si hubiera estado en el poder, habría sin duda apoyado la aventura americana que, en 2003, la derecha de Chirac rechazó, François Hollande insiste en este trágico contrasentido. Haciéndolo pone en peligro a una democracia francesa, ya muy frágil pues es de baja intensidad, desarmada para resistir a las tentaciones autoritarias, y, sobre todo, gangrenada desde hace treinta años por la difusión de un imaginario antirrepublicano donde la identidad suplanta a la igualdad, donde la seguridad se impone a la libertad, donde el miedo a los otros destruye la fraternidad entre los hombres.Cuando el error estadounidense golpeó violentamente al mundo entero, por la potencia de Estados Unidos, el error francés puede dañar a nuestro país, su democracia, tendiendo la mano a nuestros sepultureros.

«La boda sangrienta de la represión y el terrorismo»

Para tropezar en un escalera, basta un primer paso. La prolongación del estado de urgencia, cuya perpetuación es indispensable en el espíritu del ejecutivo por su inscripción en la Constitución, es el primer movimiento de un desastre democrático, que aún no ha sido anunciado pero ya está en marcha. El espectáculo del primer ministro instando a los diputados, responsables de hacer las leyes, a no ceder al «legalismo» o pidiendo a sus compañeros senadores de no asuman el «riesgo» de recurrir al Consejo Constitucional, garante del respeto de nuestros derechos fundamentales (ver aquí), es la evidencia de esta abrupta regresión. En el espíritu de nuestros gobernantes, el estado de urgencia significa la congelación del Estado de derecho, ilustrado por el silencio abismal, como un eclipse total, de la ministra encargada de vigilar y asegurar nuestras libertades, la ministra de Justicia.

Más que de un atajo momentáneo, capaz de hacer frente a los imperativos de seguridad, se trata de un cortocircuito a largo plazo, acompañando de un retroceso en los principios democráticos (leer el artículo de Lenaig Bredoux). Los argumentos que justifican su imposición se basan en una mentira de hecho, apoyada por una doble irresponsabilidad política. La falsedad es afirmar que las fuerzas de seguridad no habrían, sin la adopción de este estatus, contado con los medios necesarios para atrapar a los terroristas, con todas las posibilidades legales de vigilancia, de búsqueda, y de detención exorbitantes del derecho común que reclama una situación de urgencia.

Bombas

Como si Francia no contara con una legislación antiterrorista específica, un marco represivo denso y severo, revisado una decena de veces en diez años, completado por una nueva ley hace apenas un años y por la ley de vigilancia hace menos de seis meses. Como si el arsenal jurídico no hubiese cesado de reforzarse, endurecerse y agravarse desde la década de 1980, y la primera ola de atentados de 1982, seguida por la de 1986, y después por aquella de 1995 (aquí un pequeño recapitulativo).

Como si la cuestión pertinente fuese la adecuación de la ley en vigor y no la eficacia de los servicios de inteligencia. Como si bastara cambiar las reglas para librarse de un examen crítico.

A esta desinformación, específica para habituar al país al retroceso de sus libertades, el poder añade una proposición sorprendente, si ya está en vigor y dejará caer todo su peso sobre la vida pública, introducir el estado de emergencia en la Constitución, al lado de los poderes excepcionales acordados por el artículo 16 al jefe de Estado o del estado de sitio previsto por el artículo 36 en tiempos de guerra. Ante una cuestión de orden público, que es por si sola dramática, ninguna democracia segura de si misma, de su estabilidad institucional y de su solidez constitucional, osaría una tal aventura: modificar, por oportunismo, la ley fundamental. ¿Es necesario recordar que la medida draconiana como es, la ley de Patriot Act, es una ley provisional, revisable y extensible, sujeta a evaluaciones y controles, así como a investigaciones bipartidista de sus daños colaterales, etcétera?

Pero lo peor es que este golpe se nutre de una profunda irresponsabilidad: se trata del visto bueno dado por una mayoría de izquierda a la agenda ideológica de la derecha autoritaria, próxima a la extrema derecha. Extensión de la privación de la nacionalidad a aquellos que cuentan con la doble nacionalidad nacidos en Francia, incluso si no tienen ningún otro país de pertenencia que el nuestro; autorización a la policía de llevar sus armas fuera de servicio y por lo tanto hacer uso de ellas cuando son simplemente ciudadanos de a pie; inclusión del “comportamiento”, y no sólo de las actividades, como un motivo para privar a un ciudadano de su libertad por resultar simplemente sospechoso; intrusiones generalizadas, vigilancia, arrestos domiciliarios, etcétera, más allá de todo marco judicial, por simple decisión de la policía administrativa; poderes excepcionales concedidos a los preceptos y a sus servicios en la aplicación de disposiciones en las que el equilibrio o la pertinencia reposan únicamente en la sospecha, que no excluye la discriminación, y jugará esta su baza;agravación del control estatal, y con esto la censura en internet y la tentación del control directo de medios de comunicación, en definitiva, una regresión del pluralismo que reaparece gracias a una enmienda parlamentaria socialista…

Mientras que el Estado se libra así del derecho, prefiriendo la excepción a la regla, la sociedad es dada de baja, o más bien puesta en cuarentena. ¿Cómo es posible imaginar que podamos invitar a los votantes a participar en las elecciones regionales mientras se insta a la democracia a guardar silencio, a no reunirse, a no acudir a los meetings o a no manifestarse? El argumento de la seguridad es empleado para encerrar a la sociedad en ella misma y vaciar al espacio público de su sustancia. Mientras que la cuestión del cambio climático es un desafío para la civilización, las autoridades se apoyan en estos atentados para cerrar las fronteras a todos los ciudadanos del mundo que se movilizan por esta causa universal. Y las iniciativas internacionales de la COP21 ya están prohibidas como lo estarán, con mucha probabilidad, todas las manifestaciones públicas que expresen disonancia y disidencia.

Tened miedo, y yo me encargaré del resto, nos dice ahora el poder, levantando la desconfianza en una sociedad pluralista, vigilante y movilizada, bajo el principio de la supervivencia. Los terroristas no podían imaginar una victoria más simbólica: la invitación a desertar de la democracia y a delegar ciegamente nuestro poder y quizá perderlo por un largo periodo de tiempo. Este es el engranaje que nosotros rechazamos pues, más que protegernos, nos hace más débiles y nos expone. Lejos de ser irresponsable, esta posición de principios salvaguarda el futuro, rechazando que se perpetúen «las bodas sangrientas de la represión y el terrorismo». Este principio fue proclamado por el escritor y periodista Albert Camus, en 1955, el mismo año en el que fue creado, por una ley del 3 de abril, el estado de urgencia que se nos impone hoy por una duración de tres meses, que jamás se produjo durante la guerra de Argelia (1954-1962). Y quizás, perennizado, el día de mañana, en nuestra Constitución. Desde Los justos, obra de 1949, a L’Homme révolté, ensayo de 1951, Albert Camus jamás mostró complacencia por el terrorismo.

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Cualquiera que sea la acumulación de miserias, de desesperación y de  humillaciones que pueden ser su origen, él no le encontraba ninguna excusa, condenando así un modo de actuación que, invariablemente, «deja de ser un instrumento controlado de una política para convertirse en un arma descontrolada de la locura y el odio elementales». Su principio de alarma está a las puertas, sobre todo desde que fue lanzado en el escenario inaugural de un debate que nos ocupa hoy, en un clima de dramática urgencia. Camus, como todos los demócratas sinceros, como todos los verdaderos republicanos, se alarmaba de una carrera hacia el vacío, donde «cada uno se permite el crimen del otro para seguir avanzando». En un contexto franco-argelino de guerra civil y de crisis moral, cuyas cuestiones históricas no son ajenas a los desafíos de hoy, presentía como la ceguera inmediata sobre las causas y las soluciones había complicado y empeorado la situación en ambos terrenos. Desde la caída de una República (francesa) bajo las embestidas de los ultras de la colonización hasta el desgarro de una nación (Argelia) por la militarización del movimiento de independencia, sin incluir la banalización contagiosa de la tortura, los acontecimientos posteriores le dieron lamentablemente la razón.

Pero en 1955, él pensaba que todavía era posible detener la máquina infernal, y por eso regresó durante un tiempo al mundo del periodismo en L’Express, antes de volver al silencio, ahogado por la incomprensión de sus propios amigos, después del fracaso de su petición de una «tregua civil» en Argel en enero de 1956.L’Express fue también la tribuna del político, sin duda, más lúcido de aquel entonces, Pierre Mendès France.

El 14 de mayo de 1955, firmó un llamamiento para impedir dejar la política en manos de sus profesionales. En aquellos tiempos tan turbulentos como el nuestro, apeló por una «movilización de la voluntad popular » contra el riesgo de confiscación de una «política reservada a los expertos, y preservada por técnicos». «La política pertenece al ciudadano, si este la quiere», concluyó Mendès Francia. Esto es lo que hacemos rechazando un estado de emergencia cuya ideología guerrera nos roba nuestra exigencia común: la democracia.

Edwy Plenel. Director de Mediapart.
Publicado en infolibre.es 24/11/2015.
Traducción: Irene Casado

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Categorized | Dossier, Internacional, Política

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