La abogacía por la protección y defensa a las víctimas y la Cultura de Paz

(Galde 16, otoño/2016). Begoña Castro.
La experiencia demuestra que el sistema penal no atiende debidamente las necesidades de las víctimas de los delitos e, incluso, que con frecuencia su funcionamiento produce en éstas una segunda victimización. Ante esa realidad, y en respuesta a la reciente normativa europea, estatal y autonómica, el Colegio de Abogados de Madrid (CAM) ha sido pionero en la articulación de una serie de servicios dirigidos a los colectivos más vulnerables. Así, en una apuesta por la Justicia Restaurativa y la Cultura de Paz, el CAM, dentro del ámbito de sus competencias y dando cumplimiento a la función social de la Abogacía, ha impulsado diversas acciones que tratan de dar cobertura a las víctimas de delitos y/o de tratos discriminatorios. A continuación se relacionan estas iniciativas.

En octubre de 2015 entró en vigor la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito (EVD), cuya finalidad es ofrecer una respuesta amplia, desde el punto de vista no sólo jurídico sino también social, a las víctimas, para reparar el daño moral que se produce en el marco del proceso penal y minimizar, en la medida de lo posible, los efectos traumáticos derivados de su condición. El EVD no sólo responde a las exigencias de la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, sino que va más allá, como se refleja a lo largo de su articulado.

El artículo 15 del EVD prevé la implantación de servicios de Justicia Restaurativa con el objetivo de obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito cuando se cumplan una serie de requisitos. La Justicia Restaurativa (JR) (según los Principios Básicos sobre la utilización de Programas de JR en Materia Penal 2002) se define como: “Cualquier proceso en el cual la víctima y el ofensor, y cuando es apropiado otras personas o miembros de sus comunidades afectados por el delito, participan juntos activamente en la resolución de los problemas generados por el delito cometido, generalmente con la ayuda de un facilitador”.

Por otro lado, en la Comunidad de Madrid, en julio de 2016, entró en vigor la Ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad social y no Discriminación, conocida como ley “Trans”, cuya pretensión es promover una atención médica y social integral basada en el principio del respeto a la libre manifestación de la identidad de género de los ciudadanos en una base de respeto a la igualdad y a la dignidad de todos ellos. Para que estos mandatos no se queden en una simple declaración de intenciones, la Ley establece un catálogo de infracciones y sanciones para las conductas especialmente graves y atentatorias de la paz social y de los derechos de las personas amparadas por dicha norma.

Asimismo, la Ley 3/2016, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho de toda persona en la Comunidad de Madrid a no ser discriminada por razón de su orientación sexual o identidad y/o expresión de género.

El Colegio de Abogados de Madrid tiene atribuidas, por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/96 y por el Estatuto General de la Abogacía, competencias relativas a la organización y gestión del servicio de Asistencia Justicia Gratuita y Orientación Jurídica para proporcionar la defensa de los intereses de las personas carentes de recursos.

En cumplimiento de dicha normativa, el 5 de octubre del presente año, por acuerdo de su Junta de Gobierno, se aprobó la creación de tres nuevos turnos de oficio especializados para la asistencia de víctimas de delitos y de odio, víctimas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que han sido objeto de abuso o maltrato y víctimas de discriminación por diversidad sexual y de género. La intervención en estos turnos requiere de una formación especializada y de la necesaria sensibilización por parte de los abogados y abogadas que soliciten su incorporación.

Además se han creado los Servicios de Orientación Jurídica a Víctimas con las mismas especialidades que los nuevos turnos. De esta manera se ha querido proteger todas las categorías de víctimas, todos los motivos de discriminación más importantes o más comunes.

Con el propósito de darle el mayor contenido posible al servicio, el CAM ha constituido una Mesa de Trabajo de discriminación y delitos de odio, con la finalidad de obtener una perspectiva global, así como la coordinación con los distintos actores involucrados en la materia mediante la elaboración de un Protocolo de actuación. En dicha mesa participan: varias ONG, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Jueces, Abogados especializados, etc.

De esta manera, y junto con el turno de trata de seres humanos, que se puso en funcionamiento en enero de 2015, el Colegio de Abogados de Madrid da cobertura a la defensa de los colectivos más vulnerables, defensa que se presta por abogados y abogadas adecuadamente formados y especialmente sensibilizados.

También la preocupación por los datos obtenidos de los sucesivos Informes sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España del Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad), donde se consignan los datos relativos a agresiones e incidentes relativos a la orientación sexual, el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados (mediaICAM, inscrita en el Registro de Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia), sensible a esta realidad, ha puesto en funcionamiento un proyecto piloto para apoyar al colectivo LGTB ofreciendo un servicio de resolución de conflictos LGTB, ofreciendo un ESPACIO de asistencia e información, resolución de conflictos y formación dentro del marco de la Justicia Restaurativa. El proyecto pretende ofrecer recursos adicionales tanto en los procesos judicializados como en aquellos otros que no son derivados para su resolución a los órganos de la Administración de Justicia. El Centro de Resolución de Conflictos mediaICAM acomete, mediante este proyecto, la gestión de conflictos con componente discriminatorio en la línea de los satisfactoriamente implementados en otros países de nuestro entorno tales como el “Restorative Justice in Midlands”(Leicester).

De esta forma se contribuye a la lucha por la consecución de la paz que, conforme establece el preámbulo de la Ley 27/2005, de fomento de la educación y la cultura de la paz: “se tiene que implantar a través de potenciar la educación para la paz, la no-violencia y los derechos humanos, a través de la promoción de la investigación para la paz, a través de la eliminación de la intolerancia, a través de la promoción del diálogo y de la no-violencia como práctica a generalizar en la gestión y transformación de los conflictos”.

Estamos convencidos, por tanto, de que la mediación penal y las “conferencias” como instrumentos de la Justicia Restaurativa son mecanismos idóneos para la gestión de conflictos derivados de los delitos de odio y discriminación, por estar basados en el diálogo entre las partes que buscan sus propias soluciones y reconocen el daño causado en busca de su reparación. El proyecto pretende potenciar la implantación en nuestro país de los “círculos restaurativos”, que se constituyen como una herramienta para la gestión de la convivencia, para la reparación de daños causados, reconocimiento de las víctimas y la restauración de las relaciones.

La creación de los tres nuevos turnos de oficio de víctimas, pioneros en España, con sus respectivos Servicios de Orientación Jurídica, además del de trata de seres humanos que viene funcionando desde hace casi dos años, suponen un avance en la defensa de los derechos fundamentales. Conscientes de que sin la necesaria formación especializada y la sensibilización de los abogados y abogadas no sería posible proporcionar la mejor defensa de los intereses de los colectivos más vulnerables, se han diseñado y se están impartiendo cursos de especialización en cada una de las materias. Imprescindible formación que deben recibir también el resto de los actores implicados.

Pero además de la formación, es necesaria la puesta en común de todos los que intervenimos en estos procesos para consensuar acciones coordinadas y, por tanto, eficaces para dar respuesta a las necesidades de estos colectivos e ir conformando la necesaria jurisprudencia. Este es el objetivo que se han marcado las Mesas de Trabajo de Odio y Discriminación y de Trata de Seres Humanos.

Partimos del convencimiento de que todas estas iniciativas son necesarias para la construcción de un espacio social donde las diferencias y las desigualdades sean valorizadas y tuteladas efectivamente.

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