Agustín Unzurrunzaga (Galde 08, otoño 2014). A mediados de octubre, Javier Maroto, alcalde de Vitoria-Gasteiz, manifestaba su apoyo a impulsar una Iniciativa Legislativa Popular para modificar la actual normativa sobre prestaciones sociales, en línea con las siete propuestas que él mismo avanzó el pasado 7 de octubre. Así lo anunció después de entrevistarse con el Lehendakari Iñigo Urkullu, y hacer oídos sordos a su petición de que no se lanzase por esa vía.
El núcleo duro de los siete puntos avanzados por Javier Maroto, es la exclusión del sistema de prestaciones RGI de la práctica totalidad de las personas extranjeras que viven en Euskadi. La combinación de exclusión expresa de quienes se encuentren en situación administrativa irregular empadronada, y la exigencia de diez años de empadronamiento, la amplía, de facto, a un porcentaje muy alto de personas extranjeras, tales como las que sean titulares de permisos de residencia temporales, titulares de un primer permiso de larga duración o permanente, a quienes hayan adquirido la nacionalidad española por residencia con tiempo inferior a diez años, o a familiares de comunitario. Esto es lo que Javier Maroto quería, lo que públicamente dijo que quería.
En lo presentado en el Parlamento Vasco el 28 de noviembre para iniciar la tramitación como ILP, se suavizan un poquito, muy poco, las propuestas echas públicas por Javier Maroto, y se concentran en la exclusión del sistema RGI de las personas extranjeras que se encuentren en situación administrativa irregular empadronadas, y las que sufran una irregularidad sobrevenida siendo titulares de una autorización temporal de trabajo y residencia. De facto siguen excluyendo a quien no sea titular de una autorización de larga duración o permanente Pero lo que Maroto propuso, lo que a él le hubiese gustado, está ahí, y era todavía más excluyente que esta propuesta, lo que nos muestra su talante ultra excluyente.
Resulta curioso observar que un partido con grupo parlamentario en el Parlamento Vasco, y del que Javier Maroto diputado, escoja esta forma de presentar sus propuestas. Me imagino que es para darle un aire de iniciativa del “pueblo”, de algo que va más allá de su partido. En lugar de actuar como diputado, elige actuar como “tribuno del pueblo”, como lo haría cualquier buen populista de derechas que se precie. Quiere encarnar un “sentimiento”, recoger lo que de prejuicios contra las personas inmigrantes y xenofobia anida en una parte de la población vasca, y darle forma política.
En sus propuestas, Javier Maroto asume el papel de portavoz, de portaestandarte de los sentimientos, sinsabores y resentimientos de una parte de la población autóctona, empobrecida y muy golpeada por la crisis. Esa parte de la población, que ve a las personas extranjeras pobres como competidores desleales, usurpadores, gente que se aprovecha de un sistema de protección social construido con los impuestos de los autóctonos, reclama que se aplique una política de preferencia o prioridad nacional. Que se legisle discriminando a la población extranjera, a la que no tiene nacionalidad española, y a los que teniéndola, no lleven suficiente tiempo viviendo aquí, en unos terrenos en los que hasta ahora, y desde hace muchos años, se funcionaba con criterios de igualdad legal.
Javier Maroto niega que una campaña de estas características vaya a generar un clima social contrario a los inmigrantes y despertar sentimientos racistas y xenófobos. Discrepo absolutamente de su apreciación. Ese clima ya lo viene generando desde hace tiempo con sus declaraciones. Y lo que ahora propone, más allá de lo que dice querer, de que no le guste que se desborde con incivismos varios, va a reforzar todo lo negativo que ya ha desatado.
El racismo es polimorfo y cambiante en el tiempo. Más allá de las minoritarias corrientes defensoras de un racismo explícito de base biológica, o de las corrientes nordicistas y volkish que propugnan las organizaciones identitarias, en sus formas populares modernas, en estos tiempos de grandes transformaciones, mundialización de la economía, deslocalizaciones, perdida de referencias, crisis muy largas y profundas, aceleración de las migraciones, tiene un gran peso el racismo de resentimiento, al que también solemos denominar racismo social, es decir, la tendencia a etnificar, a racializar los problemas sociales, problemas que afectan directamente a la vida de muchas personas.
En él se expresa una posición defensiva, amarga, de queja, de sufrir una injusticia personal que nadie palía. Se acompaña con la denuncia de la falta de ayuda del Estado y de otras instituciones intermedias, al tiempo que los partidos políticos tradicionales o los sindicatos son rechazados porque, supuestamente, ya no representan a esas personas que sufren las consecuencias de la situación política y social.
Ese tipo de racismo emerge en un tiempo en el que, por causas diversas, se han debilitado los dispositivos simbólicos sobre los que se asienta la democracia: la igualdad en los planos político y legal, ser iguales ante la ley, tener los mismos derechos a la hora de participar en la vida política y social y ser tratados con igual dignidad. En lugar de apreciar lo que hay de común y buscar vivir mejor juntos, subraya y dramatiza las diferencias, bien sean fenotípicas, culturales o de origen nacional, y les asigna un significado inalterable. Hace que esa diferencia fijada, supuestamente inalterable, se convierta en desigualdad y en inferiorización. E, inferiorizando a otros, busca construir una posición superior de uno mismo. Y como otras cosas se han perdido, se hecha mano del capital biológico, del ser de aquí de toda la vida, de haber nacido aquí, de ser el autóctono, de haber llegado antes, que es lo que en muchos casos significa eso de ser autóctono.
De ahí, entre otras cosas, la construcción de chivos expiatorios, de hacer de los diferentes, de los extranjeros, del inmigrante, de una parte de los inmigrantes, de una minoría étnica, de un grupo que profesa una religión diferente a la de la mayoría, responsables de los males que en un momento determinado ocurren en la sociedad: del paro, de que las prestaciones sociales no alcancen, de que el ambulatorio está muy lleno o de las dificultades para acceder a las viviendas de protección oficial.
En general, como ocurre con la fiebre, este tipo de racismo es más un síntoma que un fenómeno con cuerpo propio. Nos está indicando que hay otros problemas de fondo, y que sin darles una salida adecuada, no solucionaremos los problemas. Si no curamos la infección, no desaparecerá la fiebre.
Pero también puede tener vida propia, y eso ocurre cuando se traslada al campo de la política, cuando políticos irresponsables lo azuzan, y convierten esos malestares racializados en bandera política.
Esos malestares, que habitualmente se manifiestan en forma de prejuicios y rumores, contribuyen a la creación de climas sociales muy negativos hacia ciertos grupos de personas. Ese clima negativo constituye el primer escalón de su marginación y exclusión, aunque lo hace de forma un tanto difusa. Esto, que en si mismo ya es un problema serio, se agrava muchísimo cuando abiertamente se traslada al campo de la política, cuando se demanda al sistema político, al Estado, al gobierno del Estado, al gobierno autonómico, a las diputaciones o a los ayuntamientos que den forma legal a la marginación y exclusión de un grupo humano concreto. Cuando se pide a las instituciones que rompan con los criterios de igualdad legal con los que habían venido funcionando y, en su lugar, establezcan criterios de prioridad nacional, criterios que marginan a quienes estaban dentro del sistema y gozaban de una condición de igualdad legal.
Ese tipo de sociedad, basada en la expansión de la prioridad o preferencia nacional, de disminución de los espacios políticos y sociales que se regían por criterios de igualdad legal es, inevitablemente, profundamente desigualitaria. En la medida en que introduce y amplía el campo de la desigualdad como criterio de funcionamiento, crea la bases para el desarrollo de nuevas desigualdades. Cuando las cosas no vayan bien, siempre habrá alguien que reclame una mayor autoctonidad o una mayor antigüedad, o más apellidos vascos, o que tengan prioridad los que por lo menos tienen bisabuelos nacidos en el país, o cualquier otra cosa que le encaje para reclamar su prioridad.
Esa es la caja de Pandora que está contribuyendo a abrir el alcalde Vitoria-Gasteiz.
Y lo hace porque la manera de abordar los problemas que pueda tener el sistema de protección social actualmente vigente, es la de considerar que una parte de las personas beneficiarias del mismo, las personas extranjeras, son las causantes principales de sus problemas. En un primer momento, convirtió a una parte de las personas inmigrantes en chivo expiatorio. Posteriormente ha dicho que es el propio sistema el que facilita que esas personas abusen, se cronifiquen como perceptores de prestaciones y no quieran trabajar. Al mismo tiempo ha dicho, no ateniéndose a la verdad de su funcionamiento, que el sistema perjudica a las personas autóctonas pobres, porque según él, cosa que es mentira, se les exige que aporten una documentación diferente y superior a la que aportan las personas extranjeras. Ha construido un enemigo responsable de los males, el perceptor extranjero, y ha azuzado la confrontación entre el perceptor autóctono pobre y el perceptor extranjero pobre, presentando al primero como víctima del segundo. Se ha presentado públicamente como el defensor de ese perceptor autóctono, como alguien que dice las verdades que otros callan. Se ha hecho eco de todos los prejuicios que contra la inmigración o partes de ella anidan en la sociedad vasca, y les ha dado forma política. Reclama que se apliquen criterios de prioridad nacional, como lo hacen todas las organizaciones de derecha extrema que actualmente se están desarrollando por toda Europa. Ha mentido sobre el funcionamiento del sistema de prestaciones sociales Renta de Garantía de Ingresos. Algunas de sus disfunciones las ha achacado a las personas inmigrantes. Ha dicho que lo que se gasta en esas personas no se puede dedicar a otros gastos sociales, ampliando su responsabilidad por el hecho de tener derecho a percibir una prestación. El, y algunos de sus compañeros de partido en Araba, han manipulado las cosas de forma descarada. Y ahora se presenta como tribuno del pueblo, de un “pueblo” al que supuestamente nadie más que él oye y se identifica con sus quejas.
El problema es que desde el principio Javier Maroto y sus adláteres ha planteado la discusión en un terreno minado, corroído por los prejuicios, la xenofobia y las ideas de derecha extrema favorables a la prioridad nacional. Y ese es el terreno en el que quiere insistir, aunque maquillen y suavicen sus propuestas.
Las personas extranjeras con permisos temporales y las que se encuentran en situación administrativa irregular son personas que viven aquí Las segundas tienen un problema administrativo, pero su irregularidad no constituye delito. Tienen pleno derecho a estar empadronadas, pueden pasar de la irregularidad a la regularidad a partir de tres años de empadronamiento continuado por el sistema de arraigo social, tienen derecho a que sus hijos se escolaricen, tienen derecho a estar sindicadas y a hacer huelga, tienen derecho a expresarse libremente, tienen derecho de reunión, tienen, en el ámbito de la CAPV y de otras comunidades autónomas no dirigidas por el PP a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que el resto de la población, y tienen derecho, según reza el artículo 14.3 de la Ley de Extranjería, a los servicios y prestaciones sociales básicas. Y la RGI es una prestación social básica. Su exclusión eliminaría un derecho. Y eso no se hace por economía o por mejorar el sistema, sino por xenofobia, aplicando una política de prioridad nacional como la propugnada por todas las organizaciones de derecha extrema que actualmente pululan por Europa.
Donostia, 9-12-2014
Agustín Unzurrunzaga
