A propósito de la gestación por sustitución

 

Galde 19 (Verano/2017). Paloma Uría Ríos y Josefina Jiménez Betancor.

Introducción

En julio de 1978 nacía Louise Brown, la primera niña probeta. Por primera vez se ofrecía la posibilidad de separar la fecundación de la gestación, se ofrecían soluciones para la infertilidad y se abrían insospechados caminos que modificaban de alguna manera la concepción sobre la maternidad, hasta entonces íntimamente ligada a la subjetividad femenina.

En el movimiento feminista se produjo entonces un intenso debate a favor y en contra de estas nuevas técnicas[1]. Sus críticas se centraban, fundamentalmente, en la medicalización del cuerpo de las mujeres por parte de agentes externos a las propias mujeres. A pesar de las críticas, dudas y prevenciones, el desarrollo técnico continuó, se mejoró y se generalizó. Las técnicas de reproducción asistida tardaron en aceptarse y en legalizarse, España fue de los primeros países en hacerlo, por la Ley 35/1988 de 22 de noviembre, pero fueron poco a poco extendiéndose a otros muchos; miles de bebés han nacido desde entonces por medio de la reproducción asistida.

Pero estos procesos deparan resultados impredecibles, y si en un principio el material genético se implantaba en una mujer que iba a ejercer de madre, nada impedía, desde el punto de vista técnico, que la implantación se realizase en una mujer distinta a la que iba a ejercer la maternidad (o la paternidad, en función de los cambios sociales y de los modelo de familia). Se abría así el camino para superar la incapacidad de gestar. Y aquí nos encontramos con la gestación por sustitución (o subrogada), que ha planteado problemas éticos y sociales que están siendo sometidos a intensos debates.

Hoy en día no sólo se puede tener sexualidad sin reproducción, también podemos tener reproducción sin sexualidad. La posibilidad de que mujeres y hombres, que antes no podían acceder a la maternidad o paternidad por problemas de esterilidad funcional o estructural (es el caso de las personas sin pareja o las parejas homosexuales) accedan a este deseo es hoy una realidad.

El uso del cuerpo vulnera la libertad y la dignidad de las mujeres.

Es cierto que ha sido una constante en el feminismo el denunciar, con razón, el abuso a que han sido sometidas las mujeres, violentando su derecho a disponer del propio cuerpo: violaciones y prácticas sexuales forzadas, pornografía no consentida, maternidades no deseadas, esterilizaciones forzadas, mutilaciones genitales…, por lo que es comprensible la especial sensibilidad con la que abordamos cualquier uso no autorizado, no deseado del cuerpo, pero la denuncia debe residir en este último aspecto; es decir, en la falta de consenso, de voluntariedad, en la coacción a la que las mujeres son sometidas. Pues cuando las mujeres pueden disponer sin coacción de sí mismas, tienen el mismo derecho y mantienen la misma dignidad que cuando ponen en acción su fuerza de trabajo, su inteligencia, su formación cultural, en definitiva su persona.

Libre consentimiento

Bien es cierto que las decisiones que tomamos las personas probablemente nunca son totalmente libres: esto es una utopía; las diversas situaciones sociales, en una sociedad tan poco igualitaria, condicionan nuestras elecciones, pero no anulan nuestra capacidad de decidir. Es evidente que nuestra autonomía está limitada e influida por condicionantes de índole personal y colectiva, pero no somos meros receptores de esos mensajes, tenemos margen para transformar y transformarnos. Para ello no basta con señalar los riesgos, también es necesario fomentar la autonomía, la capacidad crítica y la responsabilidad con las decisiones que adoptamos. No parece que el mejor camino de lograrlo sea el de proteger a las mujeres de sí mismas, impidiendo que accedan a esta práctica, en una suerte de política paternalista, en lugar de afirmar su capacidad autónoma. Negar la capacidad autónoma de las mujeres refuerza el estereotipo de la incapacidad femenina para adoptar decisiones racionales. ¿Por qué esta autonomía no es posible cuando se trata de la gestación por sustitución y si es posible cuando hablamos de otros trabajos y actividades económicas?

También es cierto que la defensa de la dignidad de las personas debe ser una prioridad y también lo es que esta dignidad es menoscabada de mil maneras, siendo una de las más evidentes la explotación extrema a la que muchas personas, y en casos especiales, las mujeres, son sometidas en todo el mundo, así como el desprecio de sus derechos más elementales; ello nos ha de llevar a buscar los medios para mejorar estas condiciones, y a defender estos derechos, pero no a prohibir o rechazar una actividad realizada voluntariamente.

Explotación y mercantilización

En cuanto a la mercantilización del cuerpo de las mujeres y su cosificación, vivimos en sociedades donde casi todo se vende: la capacidad manual, de crear, de pensar, la imagen física…, incluso cosas que forman parte de la esfera íntima como el cuidado físico y psíquico, las prácticas sexuales…; ninguna actividad humana puede ser ejercida sin el concurso del cuerpo. ¿Podríamos decir que por ello vendemos o alquilamos brazos, espaldas, cerebros? ¿No sería más exacto decir que vendemos capacidades? Si bien, hablamos de una capacidad muy particular e importante, se trata de la capacidad de reproducción humana.

Existe el temor de que las mujeres que se prestan a proporcionar este servicio provengan de las capas más pobres y marginadas, que son presa fácil de organizaciones o mafias que las sobreexplotan. No es un temor baladí, puesto que ocurre también con otros tipos de trabajo que se desempeñan al margen de las leyes y del Estado de derecho, como los trabajos sumergidos o la trata de mujeres. El riesgo de explotación, de que las personas ricas se aprovechen de las pobres se da en muchas otras actividades sin que ello sea causa de prohibición. Por eso la respuesta ha de ser buscar el amparo de la ley, el control y la transparencia.

En algunas propuestas de regulación de la gestación por sustitución se acepta que esta se preste con carácter altruista, es decir, no mercantil. Creemos que es una distinción engañosa, en primer lugar porque se admiten “compensaciones económicas” derivadas de la prestación; pero además, no entendemos por qué la decisión es más autónoma cuando se hace movida por altruismo que cuando es comercial, ni por qué deja de ser ética porque se cobre por ello. De hecho, en la gestación con carácter altruista se paga, pero en concepto de compensación económica, con lo que el beneficio es menor y quien sale perjudicada es la gestante.

También es legítima la pretensión de que sólo pueda ser ejercida con intervención o mediación del estado o las prevenciones en contra de que la gestación por sustitución se mercantilice y se convierta en un negocio para terceros. Pero una regulación estricta y ponderada puede evitar en lo posible la mercantilización y puede contribuir a impedir los abusos y la explotación que se sufren en tantos ámbitos en nuestra sociedad de mercado.

El riesgo depende en buena medida de la forma y condiciones en que esta se regule. No regularla en España favorece el acceso a otros países donde hay menos garantías. Por otra parte, en los países que solo admiten la prestación altruista, el número de gestantes dispuestas a hacerlo es inferior a la demanda existente, con lo que no se impiden las prácticas alegales o el recurso a países donde la regulación es menos estricta.

Enfrentarse a la realidad

Nos guste o no, la realidad se impone, y la gestación subrogada, legal en muchos países, está siendo una práctica a la que recurren numerosas personas, con gran desgaste económico, emocional y escasa seguridad jurídica, por ello creemos preferible que en España se regularice su práctica. Pero somos conscientes de que es una actividad no exenta de riesgos y complicaciones. Su complejidad tiene que ver con diversos factores: la consideración social del hecho de la maternidad, la posible implicación emocional, el riesgo para la salud de la gestante, la posibilidad muy real de sobreexplotación. Además, los riesgos e implicaciones de todo tipo de las personas demandantes, así como la valoración de sus supuestos o reales derechos. También las posibles repercusiones en las personas nacidas por este procedimiento. Todo eso exige plantear que el reconocimiento de la práctica de la gestación por sustitución deba ir acompañada de una regulación que contemple, en la medida de lo posible, la protección de los derechos de todas las partes implicadas.


  1. En 1984 se funda la red feminista FINRRAGE (Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic Engineering) que tiene una importante influencia en el movimiento.

Categorized | Miradas, Sociedad

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