Entrevista a Ramón Sáez Valcárcel

“Los estados han sido puestos al servicio de la globalización y del sistema financiero descontrolado”

(Galde 16 – otoño/2016). Miren Ortubay entrevista a Ramón Sáez Valcárcel.
A menudo se considera que las leyes son mandatos unívocos que los jueces se limitan a aplicar desde una perspectiva neutra: algo así como la simple y pura boca de la ley, mediante la cual se trasladaría a los conflictos concretos, sin modificación o corrección alguna, la respuesta general prevista por el legislador y reflejada en la norma jurídica. Se trata, sin duda, de una perspectiva reduccionista y falsa. Algunas de las últimas respuestas judiciales ante leyes que han reforzado con claridad los poderes empresariales frente a sus trabajadores, o que avalan la posición dominante de empresas e instituciones financieras sobre sus clientes, constituyen, entre otros ejemplos, una buena prueba de la función social de los jueces.

Frente al mito liberal de sumisión plena a la ley, según el cual quienes ejercen la labor de juzgar estarían ideal -y falsamente- desprovistos de ideología e, incluso, de opiniones propias, se demuestra que los jueces no desarrollan un papel neutro o mecánico en la aplicación de las leyes. Tienen en su mano la posibilidad de actuar como una instancia decisiva para cohonestar y equilibrar las exigencias de justicia y de legalidad.

Como otros integrantes del poder judicial, el magistrado Ramón Sáez Valcárcel asume de modo efectivo este papel, en su caso, dentro de la jurisdicción penal. Desde su puesto en la Sala Penal de la Audiencia Nacional se esfuerza por poner coto a los excesos punitivos de las últimas reformas legales -y jurisprudenciales-, mediante su profundo conocimiento de las garantías y de los principios limitadores del derecho penal. Así, ha dictado resoluciones que han sido muy criticadas por quienes apoyan el uso que, desde el gobierno, se está haciendo de la política penal y penitenciaria, pero que suscitan la admiración de quienes pensamos que la razón jurídica debe ser una barrera de protección de los derechos humanos.

Además de su amplia trayectoria en diferentes órganos judiciales, Ramón Sáez fue vocal del Consejo General del Poder judicial, miembro de Jueces para la Democracia y del Grupo de Estudios de política criminal. Ha investigado en temas de derecho procesal penal, derechos humanos, justicia universal y crímenes internacionales, derechos de las personas extranjeras y de las víctimas, justicia restaurativa y mediación, cuestiones sobre las que ha publicado valiosas contribuciones. En todas ellas queda patente su compromiso activo con una visión de la justicia que supera la mera aplicación positivista legalidad para ponerse al servicio de los valores constitucionales.

Crees que, en términos genéricos, puede decirse que las últimas reformas legales en diferentes campos -laboral, civil, penal…- han supuesto un retroceso en la tutela de los intereses de las personas que ocupan una posición más débil en nuestra sociedad.

Sin duda, el desmontaje del estado social y el progresivo deterioro de las garantías de los derechos afectan a los sectores de población más vulnerables, a los sujetos débiles. Hay que defender que la democracia es algo mas que un procedimiento de selección de representantes, la democracia tiene una sustancia que son los derechos, universales, es decir para todas las personas al margen de su condición, clase, género, orientación sexual, origen étnico, nacional o creencias, y que obligan a todos los poderes, públicos y privados, del estado y del mercado. Además, los derechos son interdependientes, de tal manera que están conectados los derechos de libertad y de participación política, límites a la acción del poder, y los derechos sociales, económicos y culturales que obligan a su protección y desarrollo por medio de los servicios de prestación. El deterioro de los derechos nos presenta una dura realidad de una democracia de baja intensidad, cuya legitimidad vía elecciones se desintegra ante el colapso del mecanismo de la representación, responsable del declive de los derechos y de la pérdida de calidad de vida de la mayoría de las personas ante las políticas de austeridad, y con reducida legitimidad de ejercicio porque se vulneran sistemáticamente derechos humanos fundamentales. Que las administraciones permitan el desahucio de familias, el corte de suministros básicos como electricidad, agua y gas, que sectores de la población carezcan de ingresos mínimos, es una demostración de la degradación del estado constitucional, del desprecio por los derechos básicos imprescindibles para la subsistencia de las personas.

En determinadas áreas, como el derecho laboral por ejemplo, las normas legales han venido jugando cierto papel de nivelación de la desigualdad contractual entre trabajadores y empresarios. ¿Crees que las tendencias a la individualización de los derechos y el debilitamiento de la negociación colectiva están invirtiendo este paradigma?

Tales fenómenos están relacionados con ese desmantelamiento del estado social que ha propiciado la hegemonía neoliberal de la globalización. Los derechos sociales no fueron otorgados sino conquistados por los trabajadores y sus organizaciones, como ocurrió con los derechos de las mujeres, de los pueblos sometidos por la colonización, de los trabajadores migrantes y de otras minorías. La ciudadanía es respeto de los derechos fundamentales y los derechos están vinculados a la dignidad de la persona, sin ellos no hay democracia. Nuestro tiempo es el de la disolución de lo sólido, y los derechos laborales parecían formar parte de la constitución material, de las relaciones sociales, sin embargo da la sensación de que se hubieran evaporado. La negociación colectiva era el método de conservación, desarrollo y extensión de los derechos sociales, un mecanismo al servicio de las políticas de igualdad, que el sistema ha decidido enterrar. La individualización de las relaciones laborales nos devuelve al derecho privado que se sustentaba en la ficción de la libertad del trabajador, un ejemplo de falsa elección libre, haciendo tabla rasa de un sector del ordenamiento jurídico construido para la tutela del estatuto de ciudadanía de los débiles en su relación con el poder privado del empresario, un poder que se libera de los límites que suponen los derechos de los trabajadores. En esa medida es un cambio de paradigma y de modelo de civilización que buscaba la paz social por medio de la redistribución y el pacto social. Desgraciadamente hoy los asalariados operan en condiciones que dificultan, cuando no hacen imposible, el sentimiento de pertenencia a un mismo grupo social, donde puede nacer la solidaridad imprescindible para la reivindicación de derechos frente al patrono. De hecho, como se ha impuesto el sentido común de que lo importante es tener trabajo, se imponen y aceptan condiciones laborales indecentes.

Desde otra perspectiva, asistimos también a un incremento del rigor punitivo del Estado como la única (o principal) respuesta a las crecientes tensiones y desigualdades sociales, ¿crees que puede hablarse, en ese sentido, de cierto populismo punitivo? ¿Cuáles serían en tu opinión los efectos más perjudiciales de esta activación de las vías penales?

Lo primero que hay que resaltar es que el declive de las políticas sociales no significa ni la desaparición del estado ni la ausencia de soberanía en las instituciones nacionales. El rescate a la banca, transfiriendo rentas públicas al sector privado, es una buena demostración de la reorganización del estado que no significa necesariamente su adelgazamiento. Los estados han sido puestos al servicio de la globalización y del sistema financiero descontrolado. Y por ello, al contrario de lo que algunos afirman, el estado se ha fortalecido en algunas áreas, entre ellas de manera privilegiada en lo que concierne a su poder punitivo, con la finalidad de controlar a las poblaciones y sujetos considerados como peligrosos. El gran encierro carcelario que viven muchas zonas del planeta, en especial Estados Unidos de Norteamérica, responde a dichas políticas. Nosotros mismos tenemos unos niveles de emprisionamiento desproporcionados para la escasa incidencia de delitos violentos. Para legitimar esa nueva orientación punitiva es fundamental que funcione la fábrica mediática del pánico que desplaza los sentimientos de inseguridad y miedo que generan la desprotección frente a la enfermedad, el paro y la vejez, la dificultad de acceso a la vivienda, a la enseñanza y otras prestaciones básica, hacia el delito y la inseguridad ciudadana, o sus objetos favoritos, el terrorismo global y el crimen organizado. Es uno de los elementos de ese fenómeno del populismo punitivo que ha provocado las tasas de población carcelaria tan elevadas que padecemos y la reforma de la legislación penal permanente, que conlleva un incremento reiterado de penas, la anticipación de la intervención penal, la criminalización de la protesta y la disidencia, la recuperación del concepto de peligrosidad, un dispositivo de difícil control y con gran capacidad expansiva. De esa manera conviven en la actualidad el estado de derecho para los ciudadanos y el estado de excepción para los enemigos, que ha producido la reaparición de campos de concentración, como Guantánamo, de centros de detención invisibles y la normalización de la tortura, ahora denominada técnica de interrogatorio.

La irrupción en nuestras sociedades occidentales de personas y colectivos a quienes se niega el estatus de ciudadanía y el disfrute de derechos humanos básicos y a quienes se percibe como el otro diferente o “el enemigo”, ¿nos está alejando, en tu opinión, de posturas garantistas y conduciendo a posiciones más defensivas? ¿Qué papel están jugando las últimas reformas legales en este proceso?

Los migrantes se han convertido en el paradigma del enemigo externo que pretende traspasar los muros de la ciudad para quedarse, enemigo al que se le aplica el estado de excepción. Es una lectura que enlaza con las ideologías de la superioridad racial –el negro como constructo social basado en miedos, prejuicios y fobias- que justificaron hechos excepcionales como la esclavitud, la colonia y el apartheid, todo a manos de poderes genocidas occidentales, que son los mismos que ahora se ocupan de impedir el acceso y controlar a quienes llegaron y se instalaron. El internamiento de extranjeros pobres para ejecutar sanciones administrativas en condiciones similares a las de la prisión ha emergido en la esfera pública por las protestas de los detenidos, es una muestra de las políticas de cierre de fronteras que criminalizan y excluyen a los trabajadores migrantes, condenándoles a la ilegalidad y la precariedad. Junto a ello la reforma de los delitos de terrorismo nos lleva a una situación en la que nadie puede definir qué sea el fenómeno que se trata de reprimir, sin organización ni capacidad destructiva para provocar terror cualquier conducta de disidencia que genere inquietud puede ser calificada de terrorista.

Respecto a la desigualdad de género, se han aprobado leyes importantes para combatir las discriminaciones más graves (como la ley integral contra la violencia de género, 2004) o para potenciar la igualdad (como la ley de 2007). ¿Han resultado eficaces o la falta de dotación presupuestaria las ha dejado en papel mojado?

Han sido eficaces para cambiar los valores públicos y la sensibilidad social, para crear servicios de atención a las víctimas y desarrollar algunas políticas de protección a las mujeres, insuficientes como se sugiere en la pregunta. Pero la denuncia y la vía penal no es solución, en algunos casos produce mayor marginación y exclusión, sin llegar a proteger de manera eficaz a la mujer y a los hijos. La violencia es producto de una cultura patriarcal que se alimenta en nuestro sistema económico que sigue asignando a las mujeres roles dependientes como los cuidados familiares y domésticos, los que garantizan la reproducción, a los que se niega la condición de trabajo y su retribución. ¿Qué ha cambiado en este campo?, es una pregunta que cada cual debe responder.

En tu opinión, ¿existe una cierta reacción judicial para contrarrestar, o paliar al menos, algunos de los efectos más perjudiciales de estas reformas? O, por el contrario, una aceptación sumisa de las nuevas tendencias legislativas?

La práctica judicial está influenciada por una cultura acrítica asumida en el medio, y sustentada en la ficción de la sumisión al imperio de la ley, que irresponsabiliza a los jueces al desvincularlos de su experiencia cotidiana. Eso no niega que el juez debe estar vinculado a la Constitución y a la ley, para proteger derechos, libertades e intereses legítimos. Hay que reconocer que nada está decidido de antemano en el proceso contradictorio y que los casos se deciden, en el margen de disposición que leyes imprecisas conceden al juez, en atención al contexto y a la capacidad de las partes para ofrecer soluciones razonables. En ese sentido hay que reconocer que los tribunales españoles están llevando adelante investigaciones complejas y decidiendo con imparcialidad en casos de corrupción pública, en un contexto problemático de gran presión mediática y política, tutelando el derecho a la vivienda, resolviendo en clave garantista sobre los derechos de los trabajadores. Los casos son de común conocimiento: desahucios, préstamos hipotecarios, interinos de las administraciones públicas…

Las teorías del llamado uso alternativo del derecho defendían una posición activa en la aplicación de las normas jurídicas, basada en las exigencias constitucionales de igualdad efectiva de todas las personas y en la obligación de remover los obstáculos que la impidan o dificulten. ¿Crees que hay un espacio real para la recuperación de alguno de sus postulados?

El uso alternativo del derecho es un fenómeno histórico que pretendía desarrollar la cláusula del estado constitucional que establece como función de los tribunales la tutela de los derechos y la reparación de la legalidad violada, mediante la sumisión de todos los poderes, públicos y también privados, a la ley y el derecho. Pero su rótulo puede llevar a confusión. Este programa de tutela de los derechos y vigencia de la legalidad es la misión que la Constitución impone a los jueces. Por lo tanto, no es necesario buscar alternativas al principio de legalidad, sino aplicar la Constitución y la ley, que incluye la legalidad internacional, es decir los grandes tratados de derechos humanos.

En su caso, ¿cuáles serían los espacios más apropiados para ejercer esta cierta función de resistencia, y cuál el medio más eficaz? ¿Necesitamos repensar la función judicial y la propia figura del Juez técnico, mero aplicador del derecho positivo?

Sin ninguna duda la cultura de la legalidad es el programa de la función jurisdiccional como órgano de garantía: restaurar la ley vulnerada por los poderes y tutelar todos los derechos fundamentales, entre ellos los derechos sociales que son sustento de la dignidad de las personas. El modelo de juez que demanda el estado constitucional se corresponde con el de un poder público que opera como tercero imparcial en el proceso, entre partes y razones enfrentadas, que construye los hechos con respeto al método del contradictorio, único capaz de producir un saber de calidad, y que selecciona e interpreta la norma aplicable al caso con conciencia crítica, que motiva y justifica sus decisiones, que busca dotar de la mayor eficacia posible a los derechos fundamentales, siendo consciente del margen de disposición que le confiere la norma para hacer un uso prudente y razonable de la misma. Frente al modelo del juez técnico que se escuda detrás de conceptos abstractos, el juez debería ser un espectador emotivo capaz de identificar en el proceso el sufrimiento ajeno para tutelar los derechos e intereses legítimos de los más débiles, dentro de lo que el ordenamiento jurídico le permite, su poder de disposición, que en muchas ocasiones no es pequeño, razonando siempre desde el derecho.

Categorized | Dossier, Política

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