Entrevista a Juan Calparsoro. Fiscal Superior del Pais Vasco

jcalparsoro

(Galde 11, verano 2015). Juan Calparsoro es el actual Fiscal Superior del País Vasco, responsabilidad que asumió en 2010, tras seis años como Fiscal Superior en La Rioja. Comen­zó a ejercer de Fiscal en San Sebastián en 1986 y fue el primer Fiscal de medio ambiente de Gipuzkoa en 1995. Nos conocimos en la Facultad de Dere­cho a principios de los 90, siendo profesor en el Master de Medio Ambiente. Juan es una persona que, desde su cargo y dilatada experiencia como Fiscal, se viene manifestado públicamente sobre muchos aspectos de la compleja y conflictiva realidad política y social vasca. En esta entrevista hemos querido recabar su opinión sobre unas cuantas cuestiones relacionadas con los dere­chos humanos y que son objeto de atención desde la fiscalía.

Juan Calparsoro «Queremos lograr que la justicia que aplicamos sea cada vez más imparcial y que ayude a corregir desigualdades sociales y económicas.»

Manu Gonzalez Baragaña. Comencemos con una primera reflexión sobre el pa­pel que crees debe jugar Derecho Penal en la defensa de los derechos de las personas y de la sociedad en general.

JUAN CALPARSORO. Nunca he creído que el Derecho Penal deba tener el papel principal en la defensa y pro­tección de los bienes jurídicos más importantes para la sociedad y las personas. El Derecho Penal tiene que te­ner su ámbito de aplicación, pero siempre como último recurso y sin salir de sus límites. Lo que cierta doctrina ha llamado huida al Derecho Penal me parece una acti­tud política poco realista y que enmascara una ausencia de voluntad real de afrontar conflictos o retos sociales. Reflejo de esto es la política legislativa de incremento de penas para calmar alarmas sociales y que no afronta de verdad los problemas. Como decía el penalista Rodriguez Devesa, ante el incremento de los delitos debe mejorar la labor policial de investigación y de prevención, pero no resuelve nada la respuesta de cambiar el código penal para aumentar las penas.

Creo que hay que seguir profundizando en la huma­nización de las penas y en la búsqueda de alternativas y nuevos caminos a las penas y al sistema de justicia pe­nal, como pueden ser la Justicia Restaurativa, la mediación… dando más protagonismo a las víctimas y a los penados y acusados.

Sociedad injusta, sociedad punitiva. Vivimos en una sociedad en la que, según informes de determinadas ONGs y colectivos sociales, están aumentando de for­ma notable las desigualdades socioeconómicas. Sin embargo, da la sensación de que los delincuentes de cuello blanco, relacionados con la corrupción, los deli­tos fiscales o las irregularidades bancarias, son trata­dos mejor que los responsables de pequeños robos, supuestos delitos contra la autoridad o impagos va­rios. ¿No es paradójico e injusto?

J. C. Sin duda. Desgraciadamente es cierto que la justi­cia penal y el sistema de represión penal se ceba en el pequeño delincuente. Es algo que ha ocurrido siempre y que ocurre en la mayoría de los países. Pero una socie­dad más democrática, más equitativa y más justa es la que consigue respuestas más igualitarias a la delincuen­cia, con independencia de la condición social del imputa­do. Constituye un reto permanente para nosotros lograr que la justicia que aplicamos sea cada vez más imparcial y que ayude a corregir desigualdades sociales y econó­micas. Es cierto que los grupos y personas con mayor capa­cidad económica y/o política cuentan con más y mejores medios. Y que su capacidad de influencia es muchísimo mayor. Pero frente a todo eso tenemos que luchar día a día y evitar que en nuestro trabajo diario eso afecte a la igualdad que debemos procurar. Y es difícil, pero ahí reside la grande­za de la función que realizamos y donde, de alguna manera, nos ju­gamos nuestra credibilidad.

Siguiendo con el tema de la des­igualdad, una medida como la del pago de una serie tasas judiciales impulsada en su día por el Minis­tro Gallardón, ¿no incide en esa desigualdad y dificulta el acceso a la justicia universal?

J. C. Las tasas judiciales implanta­das por el Ministerio de Ruiz Gallardón fueron objeto de una crítica generalizada por los profesionales de la Justicia, organizaciones sindicales, asociaciones de afectados etc. La propia Fiscalía General del Estado se manifestó en contra de las tasas tal como se establecie­ron pues efectivamente suponían un claro perjuicio para los menos favorecidos y en muchas ocasiones les disua­día de acudir a los tribunales a defender sus derechos. Sin embargo ese efecto no se producía en los que tenían mayor capacidad económica. La justicia es un servicio público y, para garantizar el mismo, el acceso debería ser gratuito. El sistema de costas judiciales existente (que implica quien pierde un pleito debe pagar los honorarios de abogado y procurador de la parte contraria, además de los suyos propios) ya me parece un mecanismo disua-sorio suficientemente importante, para añadir además las tasas judiciales.

Las agresiones sexistas siguen estando lamentable­mente a la orden del día. Cada día se puede leer algu­na noticia al respecto, a cual más truculenta. A juzgar por esas noticias, parece que no se ha avanzado mu­cho en ese terreno. Es real esa percepción, o responde a que esas noticias tienen hoy más eco mediático. En cualquier caso, ¿se puede decir que los planes de las instituciones han fracasado o a pesar de todo se avan­za despacio? ¿Cómo se puede combinar la actuación en el corto plazo, intentar evitar las agresiones, y en el largo, una labor educativa que vaya cambiando la men­talidad masculina.

J. C. Es verdad que las agresiones sexistas están a la orden del día, pero también que la respuesta institucio­nal y social es cada vez más rápida y eficaz. Tenemos más medios y cuando se produce una denuncia se apli­can los protocolos y se presta la atención médica, psico­lógica, asistencial…y por supuesto también la institucio­nal desde la Justicia. Creo sinceramente que sí se ha avanzado. Nuestra sociedad está más concienciada y, como en otros ámbitos, por ejemplo el de la violencia de género, las víctimas se atreven a denunciar porque confían en la respuesta judicial, asistencial…Repito siempre que no hay más agresiones sino que se denuncian más porque el nivel de tolerancia social y personal frente a la agresión sexista, la violencia machista etc. afortunada­mente es menor. Y esto es positivo.

Precisamente en relación con las agresiones sexistas, el verano es una época propicia al calor de las fiestas populares en nuestras ciudades y pueblos. Tradicio-nalmente parece que ha podido haber, hasta hace poco tiempo, una cierta tolerancia al respecto. ¿Cómo se podría intervenir en ese terreno para atajar esos com­portamientos machistas?

J. C. Las campañas de concienciación desde los ayunta­mientos y las organizaciones sociales me parecen muy importantes. Creo que la prevención debe ir sobre todo por esa línea. Es la gente misma la que debe colaborar para prevenir las agresiones sexistas y expulsar los com­portamientos y las actitudes machistas. Es un comporta­miento que hay que desterrar de nuestras calles, centros de trabajo y casas, en fiestas y el resto de días del año. Y desde el lado institucional la Ertzaintza, policías locales y juzgados de guardia estar preparados para responder con prontitud, cercanía y empatía a las denuncias.

La sociedad vasca está en estos momentos en un mo­mento esperanzador, tras el cese de la actividad de ETA. Sigue habiendo temas pendientes, como por ejem­plo el de los presos o el del reconocimiento del daño causado por parte de los grupos que han conformado el apoyo social a ETA, otros sectores hablan también de la aplicación en esta situación de una justicia tran-sicional . ¿Cómo ves tu este momento?

J. C. Creo que estamos en un momento de expectación. Conseguido el gran objetivo del cese del terrorismo, es fundamental concluir el proceso y consolidar la paz. La Justicia tiene que cumplir su función y deben investigar­se y juzgarse los delitos no esclarecidos. Pero se juzga a personas de carne y hueso y la justicia nunca puede ser vengativa, sino imparcial y equitativa. Es muy importan­te la empatía y sensibilidad con las víctimas y la debida ponderación de los derechos e intereses de personas y grupos. La Justicia tiene que declararse y aplicarse, pues en caso contrario no cumpliría su función.

Prefiero hablar de Justicia restaurativa más que de Justicia transicional. Creo que la justicia restaurativa es un sistema de justicia penal que permite recomponer el orden social y superar el daño injusto. Facilita la reinser­ción de los presos, fin primordial de la privación de liber­tad, y permite una satisfacción a las víctimas en lo que más sufrimiento tienen, en el reconocimiento de su dig­nidad y de la injusticia del cruel daño sufrido.

Y aplicar siempre el Derecho y las Leyes según los principios que nos marca el ordenamiento jurídico, entre los que es ineludible aplicar la ley conforme a la realidad social y la realidad de las personas en el momento en que hay que aplicarla.

El Derecho Penal tiene un papel muy importante en la consolidación de una paz justa, veraz y que recompon­ga todo lo que la violencia terrorista ha dañado.

El problema migratorio al que se enfrenta Europa en los últimos años está oponiendo la política rácana y restrictiva de los gobiernos europeos, a la realidad de un fenómeno imparable y explicable por la realidad de guerras y desigualdades históricas entre el mundo oc­cidental en Europa y Norteamérica por un lado y am­plias regiones de África, Asía y América latina por otro. Frente a la ceguera y el egoísmo de la Europa fortale­za, estamos viendo en las últimas semanas un cierto cambio en las autoridades a la vista de la tragedia de los refugiados sirios. ¿Es un cambio de calado o una maniobra a la vista de la opinión pública particular­mente sensible a este dato?

J. C. Creo que la tragedia de las personas que huyen del horror de las guerras, del sufrimiento y la desesperación por la pobreza, el hambre y la injusticia está llevando a las sociedades europeas a exigir un cambio de actitud y a los gobiernos a cambiar de política. Pero debe ser un cambio en el que todos nos comprometamos y en el que pongamos nuestro esfuerzo. La solidaridad es una exi­gencia de nuestras sociedades democráticas y hay que asumirla con todas las consecuencias. Vivimos en socie­dades cada vez más mezcladas, multirraciales, multicul­turales, con pluralidad de creencias, orígenes etc. y eso nos enriquece como sociedad y como personas e implica un reto de integración y acogida. Tenemos que acoger a los inmigrantes que quieren vivir en nuestros países de Europa y los gobiernos se están dando cuenta de que tienen que responder de manera inteligente, planificada y solidaria.

El drama de los que naufragan y mueren, queriendo llegar a nuestras costas, nos interpela y obliga a respon­der de otra manera. Y tenemos que obligar a los gobier­nos a cambiar, asumiendo todos nosotros las consecuen­cias de acogerles y ayudarles.

No hacerlo así constituye un comportamiento contra la humanidad y contra nosotros mismos.

Y en los que se refiere a un tipo de derechos «difusos» como es el derecho a un medio ambiente adecuado que garantice la salud y calidad de vida de vida de las personas, y la paz con el Planeta. ¿Se debería interve­nir mas decididamente en la persecución de actuacio­nes que dañan y deterioran los recursos naturales, o es el propio modelo productivo y social el que lo permite? Existe delincuencia e impunidad ambiental?

J. C. Existe delincuencia ambiental y, como en tantos ámbitos del Derecho Penal, también impunidad. Pero pro­curamos que se persiga y juzgue a los responsables. El medio ambiente adecuado es un derecho humano cuya preservación nos interpela como sociedad. Pero obvia­mente es un desafío que excede de las posibilidades del Derecho Penal. El modelo económico y social de desa­rrollo no puede basarse en el progreso económico sino sobre todo en un progreso integral, en el que es necesa­rio preservar el equilibrio ecológico y natural. El derecho al medio ambiente está reconocido en nuestra Constitu­ción y en Tratados y Convenios Internacionales y tene­mos el deber de conservarlo.

En este sentido la lucha contra el delito ecológico es uno de los mayores retos que ha de tener la Fiscalía como institución constitucional integrada en el poder judicial que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudada­nos y del interés público tutelado por la ley y procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés social.

«Creo que frente a los abusos del sistema económico, la Justicia debe adoptar una postura comprometida en defensa de los derechos de las personas y colectivos que están en situación más precaria.»
«La justicia es un servicio público y, para garantizar el mismo, el acceso debería ser gratuito.»

«La cárcel no reinserta, solo sirve para que los ricos se sientan más seguros» es una aseveración realizada por «Txarli», capellán de la cárcel de Álava. ¿Para qué sir­ven las cárceles?. ¿Permite el actual sistema peniten­ciario cubrir los objetivos de reinserción que se postu­la?

J. C. Las cárceles tienen una función tranquilizadora de la sociedad para apartar a las personas que generan más peligro y alarma para la seguridad de las personas. Esto debe ser compati­ble con la resociali­zación y reinserción social, fin primor­dial de la prisión.

Es verdad que la reinserción es un objetivo que depende de circunstancias complejas pero se trata de mejorar en el trabajo que los equipos de tratamiento y los trabajadores de las cárceles llevan a cabo.
En el trabajo de las prisiones debe primar esa práctica resocializadora, asumiendo los riesgos inherentes a la conducta humana.

Y para terminar, cada vez se aprueban más leyes y se ponen en marcha más reformas o «cotrarreformas» que dejan en papel mojado algunos derechos consagrados constitucionalmente y reflejados en los documentos de las NN. UU. En nombre de la economía y del mercado se arrinconan derechos básicos relacionados con el empleo decente, la salud, el acceso a la educación, la equidad de género…¿Son demasiado genéricas las formulaciones relativas a dichos derechos como para poder ser protegidos desde el sistema judicial, frente a los atropellos del ejecutivo y el legislativo? ¿Podría el poder judicial jugar un papel más activo para que los derechos de las personas no queden en segundo término frente a los derechos de las empresas? ¿No está el sistema económico –la forma dominante de entender la economía– condicionando excesivamente las reglas de la convivencia y los derechos de la gente?

J. C. Creo que frente a los abusos del sistema económico, la Justicia debe adoptar una postura comprometida en defensa de los derechos de las personas y colectivos que están en situación más precaria. En este sentido las sentencias y resoluciones judiciales en procesos de desahucios frente a procesos hipotecarios iniciados por los Bancos han hecho confiar a muchas personas en la Justicia y han permitido dar una respuesta justa a situaciones de riesgo de pérdida de derechos básicos y de exclusión social. También la actuación activa de fiscales y de jueces contra la corrupción ha sido muy importante y se han producido resultados que prueban la capacidad del Derecho y de la Administración de Justicia de responder a estos delitos, cuando se actúa con decisión y sin temor a tocar o importunar a grupos de poder político y económico.
En otros procesos bancarios, como la anulación de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios, o en defensa de los suscriptores de participaciones preferentes o aportaciones subordinadas, fiscales y jueces han tomado decisiones valientes y defensoras de los consumidores.
En otras materias como la custodia compartida creo que también hemos respondido de acuerdo a la realidad y demanda social, contribuyendo a una sociedad más justa y socialmente integrada.
Pero la Justicia no es inmune a los movimientos sociales, razón por la que la ciudadanía, a través de asociaciones, organizaciones no gubernamentales, colectivos y grupos sociales, tienen que instar a fiscales y jueces a ser sensibles a las necesidades sociales y a responder con eficacia ante situaciones de injusticia.
Por otra parte las medidas de recorte de servicios públicos básicos de educación y sanidad, o en materia de relaciones de trabajo, han incidido en las prestaciones que hasta ahora disfrutábamos los ciudadanos en el marco del estado del bienestar, coincidiendo al mismo tiempo con ingentes ayudas públicas a la banca.
El endurecimiento de algunas leyes como código penal, ley de enjuiciamiento criminal, ley del jurado, ley de seguridad ciudadana, inciden directamente en el ejercicio de los derechos constitucionales, debilitando en ocasiones la seguridad jurídica.
Por eso creo que la Justicia en general y el Ministerio Fiscal en particular, deben asumir un papel activo en defensa de los derechos de las personas, haciendo una aplicación de las leyes conforme a los principios y fines de un Estado social y democrático de derecho que consagra la Constitución, cuyo artículo 9 establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y dentro de los poderes públicos qué duda cabe que están también los Tribunales y el Ministerio Fiscal.

Txema García
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Sebastião Salgado
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"El instante decisivo" Iñaki Andrés
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"Homenage a Marcel Proust" Marisa Gutierrez Cabriada
"Homenaje a Federico García Lorca" Marisa Gutierrez Cabriada
"Mujeres del Karakorum", Mikel Alonso
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“JAZZ for TWO”, José Horna
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"El origen del mundo" José Blanco
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Fotografía de José Horna
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"Lemoniz", Mikel Alonso

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