Entrevista a Cristina Narbona: Compromisos y retos de la “Cumbre del Clima en París”

Cristina Narbona

Cristina Narbona

¿Qué ha pasado en París? Compromisos y retos de la Cumbre del Clima

El cambio del sistema climático es hoy irrefutable, que el “Grupo Intergubernamental de Expertos”, creado en la”Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, ha ratificado con el último “Informe de Evaluación”. Además, los estudios científicos vienen alertando de que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), originadas por la actividad humana, son la causa principal de las alteraciones climáticas que se vienen produciendo. La comunidad internacional, reunida en París, ha llegado a unos acuerdos que analizamos con CRISTINA NARBONA, una mujer comprometida en la defensa del medio ambiente. Doctora en Economía ha seguido de cerca los acuerdos y negociaciones, en el marco de Naciones Unídas, para hacer frente al Cambio Climático. Fue Ministra de Medio Ambiente en el Gobierno de Rodríguez Zapatero y posterior embajadora de España en la OCDE. Forma parte de la Global Ocean Commisssion, de la “Red Española de Desarrollo Sostenible” y del “Consejo de Seguridad Nuclear”.

«El Acuerdo de Paris es un primer paso hacia una política global de cambio climático»ParisCop-CMP11-300

(Galde 12 – otoño/2015). Entrevistador: Manu González Baragaña. ¿Cómo valoras el Acuerdo Marco al que 195 países han llegado? ¿Es un acuerdo suficiente para frenar el cambio climático?

CRISTINA NARBONA. El Acuerdo de París es un primer paso, sin duda relevante, hacia una política global de cambio climático; por supuesto no puede considerarse en sí mismo como un acuerdo suficiente.
No se trata del final sino del inicio de un proceso, ya que si los 188 países que han presentado sus actuaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero cumplieran con sus compromisos, la temperatura media del planeta aumentaría en todo caso unos 2,7 grados a lo largo del presente siglo. Es decir, un incremento superior al que el Acuerdo de París establece como limite: «muy por debajo de 2 grados, a ser posible no superior a 1,5 grados».
Sin embargo, en ausencia de medidas como las comprometidas por la inmensa mayoría de los países, el aumento de la temperatura media del planeta superaría los 5 grados, según el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC); y ello comportaría la desaparición de las condiciones básicas para la vida humana en amplias regiones de todos los continentes. Lo mas importante, por lo tanto, es que por primera vez la práctica totalidad de los gobiernos de todo tipo de países -desarrollados, emergentes, pobres…- ha reconocido la gravedad del cambio climático y la urgencia de adoptar medidas de mitigación y de adaptación. Hace pocos años esto resultaba difícil de imaginar, dada , entre otras cosas, la posición contraria de los principales países emisores: Estados Unidos y China.
Por supuesto, a partir de ahora los gobiernos tienen la obligación de revisar cada cinco años sus previsiones para reforzar su contribución a la reducción global de las emisiones de CO2, así como -en el caso de los países mas ricos- su contribución financiera para garantizar la viabilidad de las actuaciones de los países mas pobres. Y si los gobiernos no cumplen sus respectivos compromisos, son los ciudadanos los que tendrán que sancionar dichos incumplimientos, ya que no hay sanciones de carácter jurídico ni económico. La penalización será, en su caso, social y política: y ello requiere una ciudadanía bien informada, responsable y exigente.
Cuando hablo de exigencias a los gobiernos no me refiero sólo a los gobiernos nacionales, sino también a los ayuntamientos y a los gobiernos regionales, ya que a cada nivel de la administración corresponden competencias en políticas con importante incidencia en materia de cambio climático. El urbanismo, la ordenación del territorio, la política fiscal, las compras públicas, las políticas de gestión de la movilidad… En todos los ámbitos de la acción publica pueden incorporarse requisitos de ahorro y eficiencia económica, de utilización de energías renovables, de conservación de los espacios verdes, de modificación de la dieta alimentaria, de fomento de la reutilización y del reciclaje…
Existen, sin ninguna duda, riesgos muy importantes de retroceso por parte de algunos países respecto de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París; a mi juicio, uno de los más graves seria la victoria del partido Republicano en las elecciones de Estados Unidos quien , muy en particular si finalmente su candidato es Donald Trump, que, -además del resto de sus muy polémicas posiciones- quien se ha pronunciado ya con rotundidad contra cualquier medida de lucha contra el cambio climático. No obstante, durante los últimos años muchas figuras destacadas del partido republicano han desarrollado actuaciones en la dirección contraria: ha sido el caso de Arnold Schwarzenegger, como gobernador de California o del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. A ellos se ha unido el ex secretario del Tesoro, Henry Paulson, para compartir iniciativas que pueden encontrarse en su web «riskybusiness.org». Todos ellos han expresado públicamente su apoyo a medidas de lucha contra el cambio climático a causa de los riesgos económicos que conllevan sus efectos.

M.G.B. Se ha hablado mucho del asunto de la no obligatoriedad formal, es decir del hecho de que los Planes presentados por los países no son vinculantes jurídicamente, además de insuficientes. Algunas personas lo presentan como una gran limitación, y como muestra de la escasa voluntad real de avanzar. Otras lo presentan como una virtud, en la medida en que esos Planes obedecen al compromiso posible de cada gobierno en su país. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

C.N. Es evidente que lo óptimo hubiera sido un Acuerdo vinculante no sólo en su objetivo global y en sus procedimientos de actualización de compromisos, sino también en cuanto al cumplimiento de la hoja de ruta correspondiente a cada gobierno. Pero es evidente que dicho óptimo era imposible por circunstancias políticas en diferentes países, y si se hubiera fragmentado la comunidad internacional con un acuerdo que vinculase sólo a algunos gobiernos, el resultado hubiera sido mucho más insatisfactorio. Como señalaba antes, ahora se trata de impulsar una mayor ambición en cada país a partir de los compromisos que se han hecho públicos.
Esa mayor ambición debería traducirse, por ejemplo, en asumir compromisos a nivel nacional, local o regional, respecto a la reducción de la ingesta de proteínas cárnicas, que, como se señala mas tarde, constituye una significativa causa del cambio climático. Y también significa exigir mayor ambición, en el caso de España, en el ámbito de la UE, donde son viables reducciones de emisiones más importantes de las comprometidas; y donde debería impulsarse con mayor rotundidad el necesario acuerdo internacional relativo a las emisiones de la navegación aérea y marítima. No hay que olvidar que la UE sigue siendo la mayor área comercial del mundo, y ello le confiere una notable capacidad de negociación así como una responsabilidad especifica.

cambioclima

M.G.B. En todas las últimas cumbres sobre el clima se plantean tres objetivos: reducir las emisiones; hacerlo de manera equitativa; y evitar que ello detenga el crecimiento económico. Dicho de otra forma: se pretende dar la vuelta al deterioro ecológico y social sin alterar la lógica económica, que sigue descansando sobre el crecimiento como sinónimo de bienestar ¿Es viable este planteamiento? ¿No es como tratar de plantear la cuadratura del círculo?

C.N. Afortunadamente, cada vez es más evidente que el incremento del PIB no equivale a incremento del bienestar. Son numerosos los ejemplos de países donde el PIB crece al mismo tiempo que crecen las desigualdades -ha sido el caso de España, pero también de Estados Unidos o de Chile-, y que se deterioran los ecosistemas comprometiendo gravemente la salud y la seguridad de sus habitantes -véase China o India-…
Sin embargo, el viejo paradigma económico se resiste a desaparecer y, de hecho, sigue prevaleciendo el objetivo del incremento del PIB como prioridad de la política económica en la práctica totalidad de los países, aunque ha aumentado la demanda social de reducción de las desigualdades y de contención de la huella ecológica. Además, disponemos del conocimiento científico suficiente para entender que la actividad humana está superando determinados «limites planetarios» -no sólo el cambio climático; también la pérdida de biodiversidad, la creciente escasez de agua potable, el ciclo del nitrógeno, la acidificación del océano…- que pueden acarrear consecuencias irreversibles en nuestro modo de vida.
La idea de la necesidad de un «decrecimiento» de las actividades más dañinas desde el punto de vista ambiental se va abriendo camino, por ejemplo en el planteamiento de una «economía circular», propiciado por la Comisión Europea, para reducir el consumo de materias primas y de energía, así como la generación de residuos y de toda forma de contaminación.

M.G.B. Otra cuestión que ha sufrido cambios en el proceso de negociaciones llevadas en París ha sido la forma de abordar la cuantificación de las emisiones. En las primeras versiones del texto se hablaba de «emisiones netas». En los últimos borradores el término había cambiado a «neutralidad climática». En el acuerdo final se habla de «equilibrio». Equilibrio entre las emisiones antropogénicas y la capacidad de absorber esos gases, apuntando así a los mercados de carbono, que se han mostrado ineficaces (e injustos) a la hora de solucionar el problema y a la geoingeniería, que viene a suponer otra suma de severos impactos sobre el territorio. ¿Qué lectura haces de estos cambios y del compromiso adoptado?

C.N. Esos cambios reflejan sin duda la complejidad de la negociación y los potentes intereses en juego. Lo que más me preocupa de ese concepto de «equilibrio» es que comporte un apoyo financiero a tecnologías de muy dudosa conveniencia desde el punto de vista ecológico, en particular las asociadas a la geoingeniería.
A mi juicio, lo que hay que potenciar son los «sumideros» naturales, es decir los espacios forestales de gran capacidad de absorción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como los océanos -que absorben un 25% de las emisiones y el 90% del calor residual generado por el cambio climático-.
En el caso de los océanos, el calentamiento global está provocando la acidificación de sus aguas y con ello la destrucción de los ecosistemas marinos que garantizan esa función de almacenamiento de CO2. Por eso es tan importante preservar el máximo de áreas marinas, que además del cambio climático sufren también las amenazas de la sobreexplotación y de la contaminación.
En el caso de los bosques, resulta imprescindible modificar la dieta alimentaria basada crecientemente en la ingesta de proteínas animales, que incide en el cambio climático tanto por las emisiones de metano -producidas por la digestión del ganado- como por la deforestación asociada a la ampliación de praderas para usos ganaderos.

M.G.B. Hablemos de otro de los ejes centrales de las imprescindibles actuaciones a abordar ya, como son las medidas de adaptación a los efectos que el cambio climático está produciendo en el conjunto del Planeta y en el que existen comunidades y zonas muy vulnerables que plantean, con justicia, resarcimiento de daños por lo que se viene denominando deuda climática, y desde una perspectiva más amplia deuda ecológica.

C.N. La exigencia de una mayor equidad o justicia climática ha ido incorporándose en las negociaciones internacionales, gracias a la lucha de muchas ONG y de la creciente conciencia de la «deuda ecológica» padecida por los países más pobres.
Por ejemplo, el grupo de los SIDS, los pequeños países insulares en desarrollo, se han convertido en un actor relevante en estas negociaciones, consiguiendo que se reconociera el riesgo de desaparición de sus comunidades que comportaría un incremento de la temperatura media del planeta superior a 1,5 grados.
África ha comenzado también a hacer sentir su voz, y a su vez ha planteado iniciativas importantes para el suministro de electricidad a partir de energía renovable. Asimismo, el Acuerdo recoge la necesidad de establecer mecanismos financieros para compensar los daños causados por el cambio climático en los países más desfavorecidos.

«Si los gobiernos no cumplen sus respectivos compromisos, son los ciudadanos los que tendrán que sancionar dichos incumplimientos, ya que no hay sanciones de carácter jurídico ni económico… Cuando hablo de exigencias a los gobiernos no me refiero sólo a los gobiernos nacionales, sino también a los ayuntamientos y a los gobiernos regionales, ya que a cada nivel de la administración corresponden competencias en políticas con importante incidencia en materia de cambio climático. El urbanismo, la ordenación del territorio, la política fiscal, las compras públicas, las políticas de gestión de la movilidad…»

M.G.B. Pero la movilización de 100.000 millones de dólares anuales necesarios para financiar la adaptación al cambio climático no han entrado en el Acuerdos, aunque se mencionen en su Preámbulo.

C.N. En efecto, queda por concretar cómo se aportarán los -como mínimo- 100.000 millones de dólares anuales, principalmente por parte de los países ricos, previstos en el Acuerdo para materializar esta « justicia climática». También en esta materia, cada gobierno debe rendir cuentas no solo ante la comunidad internacional cada cinco años, sino también ante su propia ciudadanía, sin duda cada vez más sensibilizada por la evidencia de la mayor gravedad de los efectos del calentamiento global en países que apenas han contribuido a dicho proceso.
La adaptación al cambio climático ha adquirido una importancia creciente ya que, aunque cesaran de inmediato todas las emisiones, buena parte de los efectos del calentamiento global se mantendrán, dada la importante acumulación ya existente en la atmósfera de gases de efecto invernadero de larga supervivencia. Por lo tanto, además de la política energética , todas las políticas públicas -desde la política del agua a la política agrícola o la sanitaria…- tendrán que reorientarse para fortalecer la resiliencia ante el cambio climático. Y también las actividades económicas están ya adaptándose a los efectos del calentamiento global: el ejemplo del turismo ligado al esquí es muy notable.

M.G.B. ¿Que retos nos plantea a nuestra comunidad los acuerdos de París y como telón de fondo el cambio climático en el que ya estamos inmersos?

C.N. El desafío es ante todo un desafío ético: debemos ser conscientes de que nuestro modelo de vida tiene consecuencias dentro y fuera de nuestras fronteras, en el presente y en el futuro. Una auténtica «educación para la ciudadanía» debe fomentar, desde muy jóvenes, una actitud de responsabilidad respecto de nuestras propias decisiones. Lo que compramos, lo que comemos, cómo nos movemos, a quién votamos… Cada decisión tiene una dimensión ética y global, y esto no es una afirmación retórica. Sabemos que es así: somos la primera generación con suficiente información como para entender lo que le sucede al planeta y a la humanidad, y cómo deberíamos modificar nuestros comportamientos; y quizás también la última generación que puede evitar un colapso ecológico y social.

Recreación de Donostia. Greenpeace.

Recreación de Donostia. Greenpeace.

M.G.B. ¿Y cómo crees que se debería abordar la necesaria y urgente transición energética que requiere el país?

C.N. Varios países de nuestro entorno han iniciado ya su propia transición energética, comprometidos en la lucha contra el cambio climático, y aprovechando las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.
En España es necesario un cambio radical en la política energética, algo absolutamente viable desde el punto de vista tecnológico y económico. La condición de partida es una reforma en profundidad de la regulación del sector eléctrico, reduciendo el poder del oligopolio y empoderando a los ciudadanos -derogando, por ejemplo , el nefasto decreto sobre autoconsumo y apostando en serio por el ahorro y la eficiencia energética así como por las energías renovables-.
En España se han perdido 77.000 puestos de trabajo en el sector de las energías renovables desde 2011, se han arruinado decenas de miles de pequeños inversores y empresas de todos los tamaños y se ha dañado gravemente la confianza de inversores extranjeros en la seguridad jurídica en España… Una verdadera catástrofe, que puede y debe ser corregida inmediatamente por el próximo Gobierno de la nación, pero que comienza ya a ser reconducida por plataformas ciudadanas -«Por un nuevo modelo energético» www.nuevomodeloenergetico.org- con la complicidad de municipios dispuestos a ejercer sus competencias en esta materia. Estoy convencida que esta será una de las líneas más potentes de la recuperación económica justa y sostenible que está aún por iniciarse.

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