Aborto: retorno al pasado

(Galde 05, invierno/2014). La interrupción voluntaria del embarazo ha sido una de las reivindicaciones históricas del movimiento feminista desde la aparición de la llamada Segunda Ola del Feminismo. Si durante el siglo XIX las luchas feministas se centraron en conseguir la igualdad ante la ley de hombres y mujeres (derecho a la educación, derecho al voto, igualdad salarial, etc.), en la nueva etapa, iniciada en la década de los 60 del pasado siglo, las reivindicaciones se ampliaron a temas como los derechos sexuales y reproductivos, entre los que se incluían la despenalización de los anticonceptivos, la educación sexual y el derecho al aborto.

En esa nueva fase del feminismo una de las mayores movilizaciones de este país se produjo en 1979. En Basauri, once mujeres iban a ser juzgadas por haber abortado Aquel año hubo en Euskadi encierros, encadenamientos, manifestaciones, concentraciones y mociones en los ayuntamientos, y las muestras de solidaridad de otras comunidades fueron numerosas, algo parecido a lo que está ocurriendo en este momento. Porque  treinta y cinco años después volvemos a la calle para pedir básicamente lo mismo: que la maternidad no sea una imposición sino una opción. Pero ahora existe un agravante, ya que estamos luchando para mantener lo conseguido con tanto esfuerzo: la ley de plazos de 2010.

Ya antes de 1979 el movimiento feminista reclamaba el derecho al aborto, pero, a partir de esa fecha se intensificaron las movilizaciones. En primer lugar, para conseguir el indulto para las mujeres de Basauri (que llegó el año 1983), y, en segundo lugar,  para exigir una ley de plazos que nos equiparara a los países de nuestro entorno. Así las cosas, el año 1985 el gobierno del Partido Socialista aprobó una ley que despenalizaba el aborto en tres supuestos: violación, malformación del feto y grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada. Fue una ley que dejó descontento a todo el mundo: a la derecha y a la Iglesia Católica, porque eran contrarias a cualquier tipo de legalización; al feminismo y a la izquierda en general, porque reivindicaban una ley de plazos.

El año 1986 fue uno de los más intensos en la lucha por el aborto. Grupos antiabortistas presentaron numerosas denuncias contra las clínicas que practicaban abortos, y hubo detenciones de médicos y personal sanitario adscrito a esas clínicas. Por ello,  el País Vasco, Madrid, Valladolid, Sevilla, Salamanca y  Málaga, entre otros, fueron escenario de grandes movilizaciones. En 1987, IU presentó una proposición de ley para legalizar el aborto, pero fue rechazada en el Congreso. Más delante presentaría otra, que también fue rechazada. En la década de los 90, ministros de distintos gobiernos socialistas defendían una ley de plazos, pero el tema no estaba entre las prioridades del gobierno.

Hubo que esperar hasta el 2010 para que se aprobara la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una ley que no sólo recoge determinados plazos para interrumpir el embarazo, sino que hace hincapié en la educación sexual, algo fundamental para evitar los abortos. Ahora, cuando aún no se han cumplido cuatro años de su aplicación, el ministro de Justicia quiere llevarnos a las catacumbas con su proyecto de ley, un proyecto más restrictivo que la ley de 1985, ya que no recoge la malformación del feto como causa para interrumpir el embarazo.

Extraños compañeros de viaje los que ha encontrado el señor Ruiz-Gallardón en su cruzada contra la interrupción del embarazo. La Iglesia y la derecha más extrema siempre han estado ahí, pero ¿qué está pasando con algunas asociaciones de discapacitados? ¿Han perdido el norte? Además, ¿cómo se atreve el señor ministro a decirle a una parlamentaria que se empieza por legalizar el aborto y se puede acabar matando a las personas discapacitadas, acusándonos así de potenciales asesinos a quienes defendemos la libertad de las mujeres? ¿Están Europa, EE UU, Canadá, Japón, China e India, por poner unos ejemplos, llenos de potenciales asesinos de personas discapacitadas? La Organización Mundial de la Salud define el aborto como “la interrupción de la gestación antes de la viabilidad fetal”, y establece esa viabilidad en la 22ª semana. Por tanto, cualquier interrupción realizada antes de ese momento es interrumpir un proyecto de vida, no una vida. Se puede discrepar de ese criterio, pero no se puede imponer la maternidad a las mujeres en nombre de una determinada moral, sea religiosa o de otro tipo.

Las feministas no somos abortistas, como quieren hacer creer a la sociedad los grupos falsamente llamados “provida”. Las feministas defendemos la vida, la vida de las personas que han nacido, tengan malformaciones o no. Defendemos el derecho de las mujeres que, aun teniendo problemas de salud o llevando en su seno un feto con graves malformaciones, quieran llevar a término su embarazo. Y con el mismo empeño y la misma determinación, con la misma energía y la misma fuerza defendemos y defenderemos el derecho de cualquier  mujer a interrumpir su embarazo por las razones que sean.

Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, pero creo que no está de más repetirlo: ninguna mujer aborta por gusto. Esta práctica es siempre el último recurso y un mal menor. Por ello, cuando una mujer ha tomado esa decisión, los poderes públicos deben poner los medios necesarios para que la interrupción del embarazo se practique en las mejores condiciones posibles. Tenemos, además, un dato esperanzador y un argumento de peso: la legalización ha reducido considerablemente los abortos en todos los países.

En este país se habla mucho de fundamentalismo islámico, pero poco, muy poco, de fundamentalismo católico. Pues bien, las declaraciones de la jerarquía católica y la defensa a ultranza que el ministro hace del concebido y no nacido muestran a las claras la injerencia  de la Iglesia Católica en este tema. Una injerencia intolerable en un Estado aconfesional. Dice el señor ministro que ninguna mujer entrará en prisión con la ley que propone. ¿Cómo lo conseguirá? ¿Se erigirá en fiscal de las mujeres que aborten fuera de los supuestos legales? ¿Comprará la voluntad de todos los jueces?

El feminismo aborda en las últimas décadas lo que se puede llamar una nueva ola, con nuevos planteamientos y nuevas propuestas, pero es evidente que no podemos olvidar las reivindicaciones históricas, porque los retrocesos siempre son posibles. Afortunadamente, en esta fase la marea violeta cuenta con la solidaridad de mucha más gente y más colectivos que hace tres décadas. Durante aquellos años,  las feministas contábamos con el apoyo de algunos partidos de izquierda y de algunos ginecólogos y ginecólogas, que mostraron una gran valentía y se solidarizaron con las mujeres a riesgo de entrar en la cárcel (Elisa Sesma, Pere Enguix, Germán Sáenz de Santamaría y otros). Hoy gran cantidad de profesionales de la medicina, juristas y personas expertas en diagnóstico prenatal, así como asociaciones médicas, están manifestando su oposición a la propuesta del gobierno. También han sido numerosas las muestras de apoyo de las mujeres de otros países, tanto europeos como latinoamericanos. En Euskadi, por su parte, tanto Emakunde como el Parlamento Vasco (con el voto en contra del PP) se han mostrado contrarios al cambio de la ley. Todo eso supone un gran avance para la libertad de las mujeres.

Tras casi cuarenta años de lucha por el aborto, tras el paso adelante que supuso la aprobación de la ley de plazos, no podemos consentir este retorno al pasado, que prácticamente nos retrotrae a la época franquista. Por otra parte, una ley de indicaciones como la que propone el actual gobierno sitúa a España a la cola de Europa, junto con países como Irlanda, Polonia o Malta. Birgitta Ohlsson, ministra sueca de Asuntos Europeos, afirmaba recientemente que “el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es un derecho humano básico”. Eso es exactamente lo que pensamos quienes defendemos el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.

Begoña Muruaga

Categorized | Derechos Humanos, Política

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